La ley Bala es el documento de la vergüenza para la mayoría de los diputados locales, quienes en medio de complicidades aprobaron el uso de las llamadas “armas no letales” en contra de la población; cuarenta días después de su aprobación se lavaron las manos y modificaron el texto luego de que su sumisión causó la primera víctima mortal, el menor José Luis Tlehuatle Tamayo.
A más de un año de la aprobación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, la iniciativa se avaló en medio de complicidades donde participaron los diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Fueron únicamente cinco los legisladores que votaron en contra  del documento, ellos fueron: Geraldine González Cervantes, del PVEM; Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo; Julián Peña Hidalgo e Ignacio Alvízar Linares, de Movimiento Ciudadano.
La iniciativa fue subida al pleno por las comisiones de Derechos Humanos que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de Seguridad Pública, de Franco Rodríguez Álvarez. Incluso, este último subió a su cuenta de Twitter el presunto documento que habrían votado los diputados, aunque horas después apareció promulgado otro texto en el periódico oficial del Estado.
Ante esta “confusión”, el diputado “ciudadano” aseguró que se había tratado de un pequeño error y evitó más declaraciones por el cambio del texto que originalmente permitía armas letales como forma de contención y represión a los manifestantes. 
El 19 de mayo de 2014, con 32 votos a favor y cinco en contra se aprobó el documento. El texto que fue avalado, se consideraba en su artículo 9, el establecimiento de cuatro niveles de acción por parte de la fuerza pública para controlar y disolver manifestaciones: la persuasión o disuasión verbal, el sometimiento, la utilización de armas incapacitantes no letales, finalmente, la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. De igual manera el artículo 10 de la reforma, establecía que la decisión de utilizar  armas de fuego se justifica cuando exista una condición de legítima defensa por parte de las fuerzas policiales, ante la agresión real o inminente que ponga en peligro la vida o integridad física de las fuerzas policiales.  Finalmente, el artículo 41 de la reforma considera “para efectos de control y dispersión de las manifestaciones” una clasificación de las manifestaciones de acuerdo a las categorías de: ilícitas, lícitas,  no violentas y violentas.

La polémica

La iniciativa original se envió el 15 de mayo, ahí se estableció que los policías utilizaran armas de fuego en condiciones de máxima seguridad. Después la aprobación, el 19 de mayo, se modificó el documento, presuntamente por el ejecutivo. 
El Periódico Oficial recibió el documento para su publicación el 21 de mayo; sin embargo, la publicó “el 19 de mayo”, horas después ser aprobada, pese a que técnicamente es imposible de acuerdo al procedimiento.

Complicidad priista

Uno de los promotores de la ley fue el priista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Sergio Céspedes Peregrina, quien días después del uso de las balas de goma, consideró que lo sucedido en la junta auxiliar de Chalchihuapan debe servir de antecedente para no equivocarse en el futuro en relación al uso de la fuerza pública.
“No estamos a favor de la violencia, creemos que se debe privilegiar el diálogo y poder llegar a acuerdos”. Céspedes Peregrina expuso que el problema no es la ley, la cual está muy clara, sino su aplicación, razón por la cual también se debe decir si los policías que intervinieron en ese conflicto estaban preparados o no para actuar ante ese escenario.

El linchamiento

La reacción de la bancada de Acción Nacional por los hechos de represión fue el linchamiento en contra de los pobladores de Chalchihuapan.
La línea morenovallista fue dada por Jorge Aguilar Chedraui, quien tomó los mismos argumentos, que por la mañana del 10 de julio, manifestó el entonces secretario General de Gobierno, Luis Maldonado, quien buscó victimizar a los policías estatales y deslindar al gobierno del estado, como se aprecia en su discurso:

“Esperamos la pronta recuperación del policía Julio Serrano a quien le rompieron el casco y hoy se encuentra gravemente herido, lo mismo espero y deseo para José Luis Alberto a quien un petardo lanzado por quienes violentaron el orden lo tiene también gravemente herido.
Los diputados del PAN se sumaron al pronunciamiento de la Secretaría General de Gobierno donde se pidió de manera muy puntual se aclararan los hechos del pasado 9 de julio en la autopista  Puebla–Atlixco.
“Definitivamente tenemos evidencia fotográfica, donde se muestran a elementos de la policía gravemente heridos, policontundidos, con cascos destrozados y esto a mí no me parece que sea provocado por manifestantes inocentes que iban pacíficamente a exigir la restitución de un trámite como una acta de nacimiento o cualquier otro.
”De estas fotografías hay muchas, policías tendidos en piso, tratando de ponerse de pie y manifestantes haciendo uso de violencia excesiva, no quiero juzgar de ninguna manera la necesidad de la conveniencia de que se realice una investigación, por el contrario, debe de realizarse de la misma manera del ejecutivo estatal y ahora del Congreso del estado.
”Hay una pregunta que hemos de tener en la mente ¿estas personas fueron manifestantes inocentes que llegaron a exigir la restitución de un trámite, o fueron un grupo violento organizado incitado por terceras y cuartas personas?”, cuestionó Aguilar Chedraui.