El castigo político para Adán y Paul Xicale, a pesar de los amparos obtenidos, para que obtuvieran su libertad este lunes se recrudeció. Entre triquiñuelas jurídicas y con nuevas órdenes de aprehensión en su contra se impidió la libertad de los Xicale que habían ganado el amparo 918/2015, lo que fue denunciado tanto por su equipo jurídico como por activistas sociales.
Por la mañana, habitantes de San Andrés Cholula, e integrantes de la organización Cholula Viva y Digna, aguardaban la liberación de los Xicale cuyo plazo para su libertad vencía este lunes.
Con pancartas y cartulinas pidiendo su libertad esperaban darle la bienvenida a los activistas cholultecas, cuya lucha ha reunido a personalidades como el obispo Raúl Vera y el senador, Javier Corral, quienes han solicitado la libertad de los perseguidos.
Sin embargo, la ministerio público del juzgado penal de San Andrés Cholula, Rubicelia Pérez emitió nuevas órdenes de aprehensión en contra de los Xicale y en contra de 12 personas más.
De inmediato activistas mostraron su inconformidad con la medida.
La integrante de Puebla Libre, Ana Teresa Aranda, redactó en su cuenta de Twitter: “Los Xicale ganan amparo de la Justicia Federal y @RafaGobernador impide con argucias legaloides su salida del penal de Cholula. #EsElColmo”.
La diputada federal, Roxana Luna, repudió la argucia legal para impedir la libertad de los Xicale: “Impartición de Justicia en Puebla no existe, ganan amparo los Xicale al momento de dar cumplimiento notifican otra orden de aprehensión.”
Durante la protesta funcionarios del municipio de San Andrés Cholula grabaron a los ciudadanos que se manifestaron a favor de la libertad de los Xicale.
Vía telefónica, Adán Xicale —luego de 9 meses en la cárcel— lanzó un mensaje a los cholultecas y les pidió organizarse para exigir la libertad de los presos políticos
“Vayamos a nuestros pueblos y organicemos una inconformidad estatal para que todos los pueblos exijan la libertad de los presos políticos”.
Adán Xicale afirmó que las autoridades de San Andrés Cholula se han puesto al servicio del gobernador, Rafael Moreno Valle, para perseguir a quienes se opusieron a la construcción del Parque de las Siete Culturas: “porque no es más que una violación a nuestros derechos humanos hay que exigir que la autoridad cumpla con sus obligaciones porque está para servir al pueblo no para reprimir y aquí el presidente de San Andrés Cholula, las autoridades en vez de servir al pueblo lo traicionaron, nos acusaron para ponerse al servicio del gobernador del estado”
El 21 de octubre de 2014 el juez de lo penal de Cholula, Alejandro León Flores, dictó auto de formal prisión contra Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyópol, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi Valencia, activistas que exigen que no se construya el Parque de las Siete Culturas en el sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula.
“Tenemos un gobierno del estado autoritario. Ese es nuestro sentir”, afirmó Adán Xicale.
Además de los Xicale se encuentra encarcelado el presidente de la Resurrección, Sabino Leobardo Baéz.
El pasado 25 de marzo, fueron liberados Primo y Albino Tlachi, ya que no se pudo integrar el expediente con las pruebas de los delitos por los que se les acusaban.
Instituciones de justicia en Puebla criminalizan a opositores
La diputada, Roxana Luna, fijó su postura, sobre las nuevas órdenes de aprehensión en contra de los Xicale: “El acceso a la justicia en México pareciera un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas excepciones gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios, ha podido alcanzar a algunas personas.
El caso de Adán y Paul Xicale, al igual que el de todos los presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo.
El 7 de octubre de 2014 mientras Adán y Paul se encontraban en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en una manifestación pacífica contra el proyecto estatal del Parque de las 7 Culturas, fueron desalojados con violencia junto con las personas que se encontraban también manifestándose; fueron detenidos sin orden de aprehensión por funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, quienes los denunciaron por motín y despojo”.
La diputada afirmó que las instituciones de justicia en Puebla criminalizan y persiguen a los opositores:
“Hasta el momento, los Xicale han pasado más de nueve meses encerrados, incluso después de que un juez federal determinara que el delito por despojo, por el cual no se les permite salir de la cárcel, no existe. Aunada a esta injusticia, el pasado 23 de julio, el juez Penal instruyó alegatos en acatamiento de la resolución del juez de Distrito para que los funcionarios de San Andrés Cholula que acusaron a Adán y Paul Xicale de motín, se presentaran a un careo para determinar la culpabilidad de los activistas. Los funcionarios no asistieron ni a esa cita ni a las siguientes que fueron reprogramadas estos últimos días, mostrando desinterés y, sobretodo, la inocencia de los Xicale.
En el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, hoy era un día importante no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque vencía el plazo para que el del juzgado de Cholula diera cumplimiento a una orden emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que pedía liberarlos a más tardar hoy a las 9:30 am. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla les notificó sobre una nueva orden de aprehensión negándoles una vez más, su derecho a la libertad.
”¿Cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.
”La justicia es una utopía en Puebla, especialmente para las personas defensoras de derechos humanos.
”En la entidad existe una lista con más de 300 presos políticos de la que han sido hostigados, amenazados, perseguidos y privados de su libertad por oponerse a proyectos del gobierno morenovallista”.
Luna Porquillo señaló que a los perseguidos por el gobierno estatal no se les permite el debido proceso:
“En este sentido cabe recordar que muchos de los presos políticos, inclusive después de haber ganado amparos como lo hicieron varios exediles de juntas auxiliares, mototaxistas y activistas, no han visto respetados sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, ni a la justicia.
”¿Cómo puede la ciudadanía poblana sentirse segura y bien representada cuando las personas encargadas de garantizar la justicia son las primeras en limitarla?
”Por lo anteriormente expuesto hago un llamado para detener la represión y criminalización en el estado de Puebla. Basta ya de lastimar a las familias de los presos políticos con procesos dilatorios y difamatorios; basta ya de injusticias. Exhorto a las autoridades del estado de Puebla a cumplir cabalmente con sus funciones y a recordar que son trabajadores del pueblo, y no de sus propios intereses”.
