Diputados y senadores del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitaron que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, debido a que la justicia en Puebla se aplica de manera selectiva en contra de activistas y luchadores sociales.
“Desafortunadamente, un gran ejemplo de estado represor es la entidad de Puebla, en donde el acceso y la impartición de justicia atraviesan una severa crisis de legitimidad en la que sus autoridades son señaladas como cómplices de un gobierno represor, corrupto y autoritario.
”Muestra de ello son los más de 200 presos y presas políticas en la entidad, solamente durante el gobierno morenovallista, al cual, cualquier crítica u oposición a su administración parece acreedora de la privación de la libertad.”
Además, el punto contempla que el Senado exhorte al Consejo de la Judicatura Federal a que en el sentido de sus atribuciones, vigile el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla debido a que emiten de manera indiscriminada órdenes de aprehensión en contra de activistas.
“Este ha sido el proceso que activistas como Abraham Cordero Calderón, Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Rubén Sarabia Sánchez, Rubén Sarabia Reina; los presidentes de las juntas auxiliares como Raúl Pérez Velázquez (San Miguel Canoa), Javier Montes Bautista (San Bernardino Chalchihuapan), Sabino Leonardo Báez Serrano (La Resurrección) -quien ha obtenido recientemente su quinto amparo-; grupos como mototaxistas y otros transportistas, entre tantos más, han tenido que enfrentar contra el sistema que debería garantizarles justicia y seguridad”.
Los representantes populares señalaron que en la mayoría de los casos los activistas son acusados por alguna autoridad como policías municipales o estatales, y otros funcionarios públicos, quienes nunca vuelven a ratificar sus declaraciones, demostrando la fabricación de delitos a la que gente inocente es sometida por el gobierno poblano.
“Todos estos actos dilatorios de las autoridades gubernamentales tienen el fin de desgastar a personas y movimientos sociales, al mismo tiempo que violan el principio pro persona y la presunción de inocencia.
Ante esta situación no podemos evitar preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.
”¿Cuántos presos políticos más le hacen falta al gobierno moreno vallista para darse cuenta que no puede contener el descontento y el rechazo hacia sus políticas y acciones gubernamentales poco transparentes, lejos de la consulta ciudadana y violatorias de derechos humanos? ¿Cuántas familias más deben enfrentar procesos dilatorios y difamatarios en contra de sus seres queridos?”
El punto de acuerdo fue presentado por las legisladores del PRD Roxana Luna Porquillo, Graciela Saldaña Fraire, Gloria Bautista Cuevas, y el senador, Luis Sánchez Jiménez.
Se ensañan en el caso Xicale
El caso de Adán y Paul Xicale, presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones alarmantes en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo, señalaron los legisladores.
El 7 de octubre de 2014, mientras Adán y Paul se encontraban en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en una manifestación pacífica contra el proyecto estatal del Parque de las 7 Culturas, junto con otras personas que se encontraban manifestándose también, fueron desalojados con violencia y detenidos sin orden de aprehensión por funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, quienes los denunciaron por motín y despojo, expusieron los diputados.
Hasta el momento, los Xicale han pasado más de nueve meses encerrados, incluso después de que un juez federal determinara que el delito por despojo, por el cual no se les permite salir de la cárcel, no existe. Aunada a esta injusticia, el pasado 23 de julio, el juez Penal instruyó alegatos en acatamiento de la resolución del juez de Distrito para que los funcionarios de San Andrés Cholula que acusaron a Adán y Paul Xicale de motín, se presentaran a un careo para determinar la culpabilidad de los activistas. Los funcionarios no asistieron ni a esa cita ni a las siguientes que fueron reprogramadas estos últimos días, mostrando desinterés y, sobretodo, la inocencia de los Xicale.
En el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, su libertad se veía cercana, no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque se vencía el plazo para dar cumplimiento a una orden del juzgado de Cholula que pedía liberarlos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla les notificó esta semana una nueva orden de aprehensión por despojo con hipótesis de perturbación que les negaba una vez más, su derecho a la libertad.
El papel de la Procuraduría en la negación de la justicia se ha facilitado porque en Puebla aún impera el sistema penal inquisitivo por lo que la palabra de los Ministerios Públicos (MP) es ley, e integrar, consignar y detener personas con tan sólo indicios, es la regla a seguir.
Otra constante en la estrategia del sistema de procuración de justica poblano para negar la libertad a activistas y personas defensoras, es que tras el auto de formal prisión dictado por un juez y la promoción de amparos que son generalmente ganados por las violaciones al debido proceso -a espaldas de los procesados y sus defensas-, se interponen recursos de averiguaciones previas por nuevos delitos. De esta manera, las personas permanecen recluidas pese a que hayan ganado recursos de revisión y se hayan ratificado sus sentencias de amparo, plantea el punto de acuerdo.
El informe de World Justice Project
La organización internacional World Justice Project (WJP) publicó el pasado mes de junio el nuevo Índice de Estado de Derecho 2015, el cual consta de un informe anual que con base en las experiencias y percepciones de la población general, mide el estado de derecho en 102 países.
Los indicadores usados por la organización para el desarrollo de este índice fueron: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal.
El caso de México en torno al índice es lamentable. Nuestro país se ubicó dentro de los países más rezagados en la materia con la posición 79 de las 102 naciones evaluadas. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, se ubicó entre los seis países peor calificados, con la posición 14 de 19 países de la región.
Al respecto, cabe también destacar la calificación en torno al indicador “Justicia civil” que alude al derecho de la ciudadanía para resolver sus quejas, obtener y garantizar derechos fundamentales de las instituciones encargas de impartir justicia y brindar seguridad. Los resultados ubicaron a México entre los 10 países con más baja calificación junto a Pakistán, Guatemala, Birmania, Belice, Camboya, Bolivia, Afganistán, Honduras y Venezuela. El país se situó en el lugar 93.
En este sentido, resulta alarmante que para la sociedad mexicana, el acceso a la justicia en México parece ser un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas excepciones -gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios-, ha podido alcanzar a algunas personas.
La ciudadanía en México desconfía de los cuerpos policíacos y militares. Casos como los de Apatzingán, Ostula, Tlatlaya, Chalchihuapan y Ayotzinapa mostraron un Estado represor y asesino que con gala de un cinismo político, ha hecho intolerable más ataques contra la población, desenmascarado intereses políticos y económicos, y develado un sistema de impartición de justicia que lejos de servir al pueblo con transparencia se ha encargado de acallar voces y contener con el uso ilegal de la fuerza el descontento social del país.