La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propina un duro revés a la administración de Rafael Moreno Valle en la disputa por el control de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales con la empresa Degrémont.
La Primera Sala de la Corte al resolver el amparo directo 66/2014, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, amparó a la empresa francesa, a quien se le suspendió anticipadamente el contrato de concesión para el manejo y operación —hasta 2021— de las plantas ubicadas en Cuautlancingo, Cholula y dos en la capital poblana. 
La Corte resolvió que la demanda del SOAPAP contra la empresa no debió ser tramitada por los jueces locales, esto le corresponde a la justicia federal, se lee en la resolución. El SOAPAP solicitó al Poder Judicial del estado una medida cautelar para que este organismo reasuma la prestación del servicio público de tratamiento de aguas residuales.
A principios de 2012, el Tribunal Superior de Justicia autorizó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado desalojar a Degrémont. Fue el 21 de febrero cuando se solicitó a la empresa francesa entregar al SOAPAP todos los equipos y tecnología.
Sin embargo, ayer, la Corte rechazó el argumento central del SOAPAP, según el cual el contrato de 1999 fue  reemplazado totalmente por un convenio firmado en 2004, para el que ya no aplicaba la ley federal.
“La relación jurídica habida entre las partes es la misma y no hay cambio alguno en la ley que la rige, la cual es de orden federal”, argumenta la Corte.
Ahora, el expediente regresará al Tribunal Superior de Justicia, quien tendrá que revocar su sentencia de 2012 y declararse incompetente para seguir con el caso, dejando sin efectos todo lo actuado en el juicio.


 

Tome nota


El 21 de febrero de 2012, el gobierno recuperó las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, después de demostrarse que operó con diversas anomalías y por ello se determinó cancelar la concesión. El argumento para retirar la concesión, la cual se mantuvo durante 12 años, fue el incumplimiento de los estándares de calidad en el tratamiento de aguas residuales y generar un quebranto financiero al SOAPAP, que mensualmente erogaba 10 millones de pesos en favor de la empresa.