En medio de una crisis de credibilidad, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) comenzó la semana de la transparencia, luego de serias críticas de organismos civiles en la materia.
En entrevista, el presidente del organismo, Javier Fregoso, reconoció que no están facultados para medir la calidad de la información entregada a solicitantes.
“No podemos cuestionar la calidad de la información en los estándares que representa, solo si hay un cumplimiento”, dijo.
Hace unas semanas, los organismos civiles como el Nodho por la Transparencia y Artículo 19, criticaron el actuar de CAIP; incluso, señalaron que se convirtió en el órgano garante pero de los sujetos obligados o dependencias de gobierno.
“Es una aseveración, soy respetuoso de todas las expresiones y visiones que hay, hemos asimilado cada uno de estos comentarios y hemos actuado en consecuencia”, señaló Fregoso Sánchez.
Y detalló que concretamente cuando Fundar hizo una evaluación sobre el marco regulatorio, la puso como cuarto lugar y cuál era el área de oportunidad para mejorar.
“Los índices nacionales para acceso a la información hecho por Artículo 19, nos dieron el primer lugar”, recordó.
Sobre el mismo tema, el comisionado Federico González Magaña, prefirió no hablar, al señalar que no estaba informado de lo publicado por Artículo 19 y Nodo de Transparencia.
“Lo que hacemos es que en función en materia de transparencia, dictámenes en recursos de revisión y la vinculación, es lo que establecemos”, prosiguió Fregoso Sánchez.
En tanto, aseguró que todo lo hacen dentro de sus facultades, al ser cuestionado por la prensa sobre el ocultamiento del gobierno estatal de los financiamientos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
—¿Está obligado o no a transparentar el gobierno los PPS?— se le preguntó tajante.
—Es una práctica de ejercicio del gasto, quien tendría que platicar es precisamente al sujeto obligado, nosotros lo que tenemos que ver que se tiene que transparentar el gasto público.
La Décima Semana de la Transparencia
En la inauguración para décima edición de la Semana de la Transparencia en Movimiento “Derecho a saber”, los especialistas señalaron que se hace para fortalecer la práctica en el manejo de los recursos.
En la sede que es la Universidad Anáhuac, a lo largo de dos días, universitarios, docentes, servidores públicos y otros actores se capacitarán en temas de protección de datos, rendición de cuentas, y protección de datos.
En su discurso de apertura, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública CAIP, Javier Fregoso Sánchez señaló que la semana de la transparencia busca insertar temas novedosos sobre los avances y retos de los sujetos obligados, municipios e instituciones.
“Sobre las buenas prácticas de la presupuestario y destino de recursos, así como dialogar sobre la ley general de trasparencia y acceso a la información pública”, señaló Fregoso Sánchez.
Por su parte, el titular de la Auditoria Superior, David Villanueva Lomelí, puntualizó que para tener gobiernos abiertos debe de existir un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno así como la ciudadanía y el sector privado.
Quien se estrenó como funcionario del gobierno de Puebla al inaugurar la Semana de la Transparencia fue el secretario de la Contraloría, Alejandro Torres Palmer, quien fue nombrado en el cargo apenas un día antes.
Destacó que para la administración es necesario seguir impulsando mecanismos y acciones en esta que den accesibilidad a la información pública, prueba de ello es que Puebla cuenta con el cuarto mejor marco legal en Ley de Transparencia en todo México.
Dudan del actuar de la CAIP
Hace unos días, el organismo civil Nodo de Transparencia, puso en tela de juicio el actuar de CAIP, ante la avalancha de opacidad que existe entre las dependencias estatales.
Los especialistas coincidieron en señalar que la CAIP se ha convertido en muda o comparsa del gobierno del estado para la opacidad.
“La CAIP se convierte en el órgano garante de las prácticas de opacidad de los sujetos obligados para que no se entregue la información”, señaló tajante Miriam Carrillo, integrante del Nodo.
No obstante, se indicó que el gobierno de Puebla oculta sistemáticamente datos sobre todo de la utilización de recursos públicos, mediante un centenar de acuerdos de reserva, bajó la complicidad de CAIP.
Hasta la fecha, suman 98 los acuerdos de reserva puestos bajo llave; información que va desde gasto corriente, hasta procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial.
Además, se clasificó la información de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, procedimientos de adjudicación de obra pública, vehículos del gobernador.
Mediante un ejercicio del organismo civil se documentó, por segunda ocasión, como dependencias estatales obstaculizaron el acceso a información pública.
También con estos acuerdos se oculta el costo de los elementos de seguridad que custodian al gobernador Rafael Moreno Valle, los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal.
Por su parte, Lilia Vélez Iglesias detalló que por segunda ocasión las dependencias obstaculizaron el acceso a información pública cambiando la modalidad de entrega de la información solicitada.
Con esto se niega el derecho de las personas a acceder a ella de forma pronta y gratuita.
“La práctica más nociva para el derecho de acceso a la información el cambio de modalidad en la entrega de los documentos solicitados”, comentó. Además, refirió que todo ya fue documentado por la organización internacional Artículo 19 en su informe “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”.
