Distintos organismos civiles especializados en transparencia exigieron al Congreso del Estado agilice la discusión para las reformas en la materia.

Hasta las puertas del recinto legislativo llegaron representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), México Infórmate, Puebla Vigila, Integradora de Participación Ciudadana y el Nodo de Transparencia.

Por medio de un oficio solicitaron que los diputados inicien la discusión para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla con la Ley General federal en la materia.

La representante de Amedi, capitulo Puebla, Lilia Iglesias, en entrevista señaló que en los hechos pareciera que la transparencia no es importante en Puebla.

Aseveró que la mayor preocupación es que en pleno proceso electoral en este 2016 se frene la discusión y se haga en las piernas sin llegar a fondo.

Los diputados tienen hasta mayo del 2016 para armonizar las leyes, pero hasta el momento no ha abordado este tema tan importante para la ciudadanía.

Será el próximo 15 de diciembre cuando culmine el tercer periodo ordinario de sesiones en el legislativo, por lo que aseveró queda ya muy poco tiempo.

“Que el proyecto, que finalmente se logre hacer, sea una discusión de cara a la sociedad, sería muy paradójico que el Congreso diseñara una Ley de Transparencia donde no participe la sociedad y que lo haga en lo oscurito en un proceso opaco”.

Detalló que el documento que entregaron contiene los parámetros mínimos que se deben consideraren la armonización de la legislación local con la Ley General.

Los ciudadanos agregaron que el resultado de este proceso legislativo debe necesariamente representar avances para el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en Puebla, un derecho que ha sufrido serias regresiones en la presente administración estatal.

Las exigencias

  • “Incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley.
  • ”Establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción.
  • ”Agregar que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, tal y como se establece en el artículo 13 de la Ley General.
  • ”Incorporar la obligación de publicar lista de expedientes clasificados, en concordancia con el artículo 102 de la Ley General.
  • ”En cuestiones de reserva de información incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva, para armonizar con lo dispuesto en los artículos 20, 104, 105, 114 y 120 de la Ley General.
  • ”Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos.
  • ”Garantizar que el acceso a la información se dé en la modalidad de entrega elegida por el solicitante. Cuando no pueda cumplirse, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades y deberá en cualquier caso, fundar  y motivar dicha necesidad, en congruencia con el artículo 133 de la Ley General.
  • ”De conformidad con el artículo 142 de la Ley General,  asegurar que el  solicitante  podrá  interponer recurso  de  revisión  de  manera  directa  o  a través de medios electrónicos. En la ley estatal deberá derogarse lo relativo a la ratificación del recurso, por constituir una herramienta para tener por no interpuestos los recursos de revisión, contrariando con esto, los principios de simplicidad y rapidez”.

Caducidad

En 2013 se aprobó una reforma constitucional en materia  de transparencia y acceso a información pública que fue promulgada en febrero de 2014.

A partir de ella, el Congreso de la Unión aprobó a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se expidió el 4 de mayo 2014, y en la que se fijó un plazo de hasta un año, contando a partir del día siguiente para que el Congreso de la Unión, la legislatura de los Estados y la Asamblea  Legislativa del Distrito Federal armonicen las leyes relativas conforme a la Ley General. Dicho plazo vence el 5 de mayo 2016.

CAIP cojeando

Mientras tanto, el presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, informó que ya se documentó al Congreso del Estado de la falta de uno de sus comisionados, por lo que esperan que designen a un sustituto.

Entrevistado al finalizar la sesión pública de este miércoles, el comisionado presidente señaló que los diputados deberán designar al nuevo comisionado tras un análisis.

A pregunta expresa sino se debía designar por default a la suplente de González Magaña, Norma Estela Pimentel Méndez, dijo que finalmente serán los legisladores quienes lo determinen.

Tome nota

La Comisión de Transparencia del Congreso local se encuentra acéfala. El pasado 11 de noviembre, Marco Antonio Rodríguez Acosta solicitó licencia, el militante del partido Pacto Social de Integración era el presidente de dicha comisión.

El dato

El Senado aprobó el día ayer en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.