El Sistema de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la SHCP federal, debe hacer una investigación de fondo sobre la presunta desaparición de 200 millones de dólares de la fundación Mary Street Jenkins, en lo que pueden estar involucraos funcionarios del gobierno del Estado de Puebla, reveló el presidente del COE, Francisco Romero Serrano.
Reveló que con la información que se conoció a principio del presente mes de diciembre, se tienen responsabilidades fiscales y posibles responsabilidades penales, “porque ahora se dice también que existen algunos funcionarios del gobierno de Puebla, al interior del consejo de administración de esta fundación”.
De ser cierto lo anterior, reveló el dirigente empresarial, los lleva a una situación de ilegalidad, porque ningún funcionario de gobierno puede participar al interior de los consejos de administración de las fundaciones, porque entonces existe un total conflicto de intereses.
El presidente del COE, recordó que el presunto desvío de recursos, se filtró información en relación a la desaparición de 200 millones de dólares de la fundación, por eso, dijo que “es importante comentar que esa fundación es una donataria autorizada y también es una CLUNI, una CLUNI es aquel organismo que recibe fondeo del gobierno federal en distintas áreas y de distintas secretarías”.
Por eso, dijo que al ser donataria autorizada, también le permite recibir donativos de terceros, por eso, Romero Serrano, dijo que cuando un dinero desaparece o es usado arbitrariamente en una fundación, cuando el destino de este no sirve para cumplir su objeto social, entonces  la ley del impuesto sobre la renta establece que se trata de un dividendo ficto.
El expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, recordó que un dividendo ficto es aquel ingreso que presuntivamente percibió una persona por el sólo hecho de pertenecer a un patronato.
Entonces, dijo que en ese sentido, si hablamos de 200 millones de dólares, por la tasa máxima establecida en la ley del impuesto sobre la renta, que es del 35 por ciento, se tiene un impuesto omitido de 70 millones de dólares en materia del impuesto sobre la renta, más las posibles responsabilidades de carácter penal que esto conlleva, porque el propio código penal, considera como delito grave la desaparición de esa cantidad.

Posible desaparición de fundación Jenkins de comprobarse desvíos

El presidente del COE, reveló que las fuentes que recientemente publicaron el caso de corrupción en la fundación Mary Street Jenkins, indican que en las arcas de la fundación, existen dos y medio millones de dólares, solamente.
Esos recursos, dijo, indiscutiblemente, no le alcanza ni para la operación de un año, de todas las obligaciones contraídas con sus beneficiarios, llámese Universidad de las Américas, llámese Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias o cualquier otro tipo de casa de la niñez u organismo de filantropía.
Por lo tanto, reveló, cuando una fundación pierde esa cualidad, recae la posibilidadque se tenga que extinguir o se tenga que diluir, porque así lo establece la ley, “entonces cuando esto sucede, los bienes inmuebles propiedad o que son administrados por la fundación, pasan a poder de la entidad federativa donde se encuentra ubicada”, es decir, al gobierno del Estado de Puebla.

En manos del SAT investigación de posible fraude

Francisco Romero Serrano, reveló que por todo lo anterior, será interesante averiguar y que en este caso el SAT lo haga, porque le compete por tratarse de una donataria autorizada, pero además porque utiliza recursos federales, siendo una CLUNI, que haga las investigaciones correspondientes.
Dijo que es necesario saber si solamente es un rumor o verdaderamente esos millones de dólares ya no se encentran en esta fundación y lo más importante, es que se sepa dónde se encuentran, “porque entonces si consideramos que la fundación Jenkins es una de las 10 más importantes de la república entonces podría destaparse la cloaca o caja de pandora relacionada con otras fundaciones”.
Recordó que el caso también se relaciona con otros casos que se comentan, que algunas fundaciones se prestan para lavado de dinero, “entonces el asunto es delicado, por lo tanto, el exhorto por parte de la iniciativa privada poblana, por el sector que represento, es que la SHCP por medio del SAT intervenga y realice las investigaciones correspondientes”.
De lo que se trata, dijo, es de deslindar responsabilidades, tanto de particulares como de posibles actores de gobierno que se encuentren involucrados en la fundación Jenkins, “el SAT debe investigar, porque es la encargada de administración federal de fiscalización específicamente, son los que tienen que realizar la investigación”.
Reveló que de ser cierto, todas las propiedades pasan a propiedad del Estado y son cantidades millonarias, “efectivamente, por esa razón también y en función a que las investigaciones son de carácter federal, se deben deslindar la Procuraduría en Puebla, de estas investigaciones porque ni siquiera le competen, porque tiene que ser la federación quien investigue”.