El índice delictivo y la percepción de la inseguridad en Puebla crecen conforme avanza el sexenio del gobierno de Rafael Moreno Valle, sobre todo por problemas como feminicidios y robo constante de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En Puebla el 67.4 por ciento de la población tienen la imagen de inseguridad en el Estado de Puebla,  de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Cuachicoleros en apogeo

La aprehensión del director de la Policía Estatal Marco Antonio Estrada López, no ha frenado en nada el constante robo de hidrocarburo de los gasoductos que cruzan Puebla, incluso van en aumento.
Al mes de noviembre de 2015, Pemex detectó 749 tomas clandestinas, lo que supera hasta en un 122 por ciento de las halladas en 2014, cuando se descubrieron 412.
Según cifras de la paraestatal, tan solo en noviembre se contabilizaron 78 nuevas tomas clandestinas.
Estos números mantienen a Puebla como el tercer estado del país con más detección de tomas clandestinas a ductos de Pemex, abajo de Guanajuato donde se ha contabilizado 858 y Tamaulipas con 839.
Según Pemex, hasta el primer semestre de 2015, las localidades con más perforaciones a la red de sus ductos son Quecholac con 77, seguido por Tepeaca con 69 y Acatzingo con 54.
En estos tres municipios figuraron también en 2014 por el hallazgo de tomas clandestinas, aunque en diferente orden, pues el año pasado fue Tepeaca el que encabezó la lista con 49 casos y le siguieron en segundo lugar Acatzingo y Quecholac, con 34 hallazgos cada uno.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), en lo que va del año se han asegurado más de 670 mil litros de combustibles de procedencia dudosa.
En distintos operativos se han asegurado a por lo menos 83 personas y 256 vehículos.
Además, se estima que cinco personas más han muerto y se sospecha de un enfrentamiento violento el pasado mes de agosto entre dos bandas dedicadas a este ilícito.
Las aprehensiones más destacadas fueron las del director de la Policía Estatal y del ex líder del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, además el pasado 10 de diciembre tres personas murieron, supuestamente intoxicadas por inhalar el material mientras resguardaban una bodega clandestina en Palmar de Bravo.
Según información de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), el destino del combustible robado es principalmente, la venta irregular en gasolineras y mercado informal.
De acuerdo con auditorías practicadas por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), entre 2011 y 2014 al 15 por ciento de las más de 11 mil gasolineras del país, varias de ellas han reportado diferencias de facturación con respecto a la comercialización real de producto.
Y es que se detectó que gasolineras facturan de más para aumentar sus deducciones y evadir parcialmente impuestos o para maquillar la venta de combustible robado.
Amegas considera que la venta de combustible robado es atribuible a gasolineras irregulares que no reportan a Pemex sus niveles volumétricos.
 
Oídos sordos a los feminicidios

El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Programa de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla reportan hasta 280 feminicidios de 2010 a 2015.
A pesar de una fuerte presión social para que se emita una alerta de género en Puebla por el alto número de mujeres asesinadas, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) hizo oídos sordos.
A finales de 2015, el organismo presidido por Adolfo López Badillo, informó que no solicitaría la alerta de género dado que "no existen elementos objetivos" para hacerlo y "no se reúnen los requisitos para tal solicitud".
Sin dar la cara el ombdusman hasta la fecha, solo emitió un breve comunicado en el que rechazaba la solicitud de más de 30 organismos sociales que han documentado muerte por muerte.
 “El Ejecutivo estatal busca combatir frontalmente el feminicidio, un delito que lastima a la sociedad, ayudando a garantizar la integridad física y seguridad jurídica de todas las mujeres poblanas, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos”, señala el comunicado oficial.
Hasta septiembre de 2015, se habían registrado 60 feminicidios en Puebla, seis más que en todo 2014, según los datos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Irene Herrera, integrante del movimiento, que se siguen matando mujeres en Puebla, mientras los responsables de la seguridad del estado se rompen las vestiduras por no exigir los mecanismos de protección a la autoridad federal.
“Condenamos el silencio de las autoridades que se rehúsan a la activación de la Alerta de Genero o Protocolo Alba, por lo que de ser necesario solicitaremos a organismos internacionales su intervención”, indicó.
Anunciaron que solicitarán por escrito y entregaremos los expedientes de cada caso, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que emita una recomendación y exija a las autoridades mexicanas la habilitación del mecanismo.
La mayoría de los crímenes se han registrado en la capital del estado de Puebla, seguida por Atlixco, Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tehuacán.
La Alerta de Genero se trata de una serie de acciones que el Gobierno tendría que realizar para hacer frente a la violencia cuando se vuelve exacerbada por feminicidios y violación a los derechos de las mujeres.
Son acciones emergentes que los Gobiernos deben de tomar, una vez que se ha determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer más allá de lo que actualmente se está haciendo.
La última declaración de Alerta de Género ocurrió en agosto pasado para ocho municipios del Estado de Morelos.
En Morelos, durante los últimos 14 años, las organizaciones no gubernamentales han documentado 633 feminicidios,
En su discurso el gobernador Graco Ramírez, aseguró que la alerta se emitía resultado de la violencia registrada en años anteriores.
Pero para el Comité contra los Feminicidios de aquel Estado, al menos 120 feminicidios se han registrado en su administración iniciada en octubre de 2012, cifra menor a la de Puebla, según las ONG, sin embargo aquí hubo oídos sordos.