En medio de un mar de opacidad y oídos sordos a ONG, los titulares Secretaría de Finanzas y Contraloría, comparecerán ante el Congreso del Estado, en el tema de Sector Transparencia y Rendición de Cuentas.
Las comparecencias se realizarán en medio de 98 acuerdos de reserva de información que va desde gasto corriente, hasta procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial.
Además también se harán en medio de un amparo de diversos Organismos No Gubernamentales (ONG), en el que exigen su participación para armonizar la ley de transparencia de Puebla con la federal.
Justamente desde Finanzas y Contraloría es desde donde se fraguan los bloqueos y estrategias en materia de transparencia, como han acusado organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema.
Además se ha clasificado la información de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, procedimientos de adjudicación de obra pública, vehículos del gobernador.
Las secretarías de Finanzas, Infraestructura, Gobierno, Salud, Educación y Contraloría, son las dependencias que más obstaculizan el acceso a la información
Lilia Vélez Iglesias, especialista en temas de transparencia, constantemente ha denunciado como las dependencias obstaculizaron el acceso a información pública cambiando la modalidad de entrega de la información solicitada.
“De acuerdo con el Nodo de Transparencia, a más de cuatro años de la alternancia, la administración estatal ha brillado por su capacidad de bloquear el ejercicio del acceso a la información en lugar de favorecerlo, como lo prometió en campaña el hoy gobernador”, señaló.
De este modo Puebla se mantiene en la mira de organismos especializados en transparencia como Artículo 19 o la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) o el Nodo de Transparencia.
Dichos organismos han realizado estudios e investigaciones reprobando constantemente las prácticas de ocultamiento de información.
La opacidad a lo largo de los cinco años, en la que se ocultado información sistemáticamente, ha ocasionado diversos escándalos como el de la compra oculta de helicópteros o gastos en obras millonarias emblemáticas.
Esta situación es posible gracias a la complicidad de los integrantes la Comisión de Acceso a la Información pública (CAIP), organismo que antes de este sexenio nunca había perdido un juicio de amparo.
Ahora en cinco años lleva cuatro derrotas en los tribunales federales cuyos jueces han ordenado la entrega de información que CAIP simplemente rechazaba.
Exigencias
Además dichos organismos civiles especializados en transparencia, han exigido constantemente al Congreso del Estado, que agilice la discusión para las reformas en la materia.
Hasta las puertas del recinto legislativo han llegado representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México Infórmate, Puebla Vigila, Integradora de Participación Ciudadana y el Nodo de Transparencia.
Por medio de un oficio solicitaron que los diputados inicien la discusión para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla con la Ley General federal en la materia, pero hasta el momento han sido ignorados, por lo que interpusieron un amparo ante jueces federales.
Los diputados tienen hasta mayo del 2016 para armonizar las leyes, pero hasta el momento no ha abordado este tema tan importante para la ciudadanía.
Será el próximo 15 de diciembre cuando culmine el tercer periodo ordinario de sesiones en el legislativo, queda muy poco tiempo, dijo Lilia Vélez.
Exigencias
–Incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley.
–Establecer la prohibición de reserva en caso de violación a derechos humanos y casos de corrupción.
–Agregar que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, tal y como se establece en el artículo 13 de la Ley General.
–Incorporar la obligación de publicar lista de expedientes clasificados, en concordancia con el artículo 102 de la Ley General.
–En cuestiones de reserva de información incorporar la prueba de daño, es decir, que el sujeto obligado deberá aportar elementos que prueben la actualización del supuesto legal que permite la reserva, para armonizar con lo dispuesto en los artículos 20, 104, 105, 114 y 120 de la Ley General.
–Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos.
–Garantizar que el acceso a la información se dé en la modalidad de entrega elegida por el solicitante. Cuando no pueda cumplirse, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades y deberá en cualquier caso, fundar y motivar dicha necesidad, en congruencia con el artículo 133 de la Ley General.
–De conformidad con el artículo 142 de la Ley General, asegurar que el solicitante podrá interponer recurso de revisión de manera directa o a través de medios electrónicos. En la ley estatal deberá derogarse lo relativo a la ratificación del recurso, por constituir una herramienta para tener por no interpuestos los recursos de revisión, contrariando con esto, los principios de simplicidad y rapidez.
