La Ibero, a través del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacurría, condenó los femicidios en Puebla y demandó que la Fiscalía del Estado investigue cualquier asesinato violento de mujeres o aún el presunto suicidio de mujeres bajo el tipo penal de feminicidio, es decir, que se evite invisibilizar los feminicidios o realizar solamente investigaciones de trámite, sealó el Instituto de Derechos Humanos.
La Ibero señala que en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres participen los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como académicos que estudian la violencia en contra de las mujeres.
A través de un posicionamiento el Instituto, Ignacio Ellacuría señaló que del 15 al 21 de febrero del presente año, se registraron cuatro feminicidios en el estado Puebla. En lo que va del año se han reportado 14 feminicidios; durante el año 2015 el Observatorio de Violencia Social y Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., documentó de manera hemerográfica un total de 72 feminicidios.
“Por lo anterior, exhortamos a las autoridades competentes, a que en el marco del Protocolo para la Investigación del delito de homicidio doloso contra mujeres por razón de género para el estado de Puebla, ante cualquier homicidio de una mujer, incluyendo aquellos con apariencia de suicidio, se inicie la línea de investigación bajo el tipo penal de feminicidio, evitando así una actuación discriminatoria y la predisposición de los operadores de justicia a una investigación condenada de antemano a ser infructuosa, pues de lo contrario, la línea de investigación se desvirtúa apuntando hacia otras metodologías, invisibilizando así, múltiples asesinatos de mujeres que pueden encuadrar bajo la figura de feminicidio, lo que se refleja en la postura de la Fiscalía General del Estado al reconocer públicamente que:
”Sólo se han registrado tres feminicidios durante los primeros cuarenta días del 2016, informó el titular del organismo, Víctor Carrancá Bourget, quien explicó que en las indagatorias que se han realizado en dichos casos se cumple con el perfil legal para ser considerados como tal. En entrevista, el fiscal general reiteró que estos tres asesinatos aplican para ser considerados como feminicidios, de acuerdocon las nuevas disposiciones del Código Penal.”
En este sentido, es importante recalcar lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha referido que: “La falta de debida diligencia para aclarar y castigar los delitos contra mujeres y prevenir su repetición, refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada y favorece su perpetuación”.
El Instituto Ignacio Ellacurría lamentó que las autoridades competentes en Puebla, a pesar del alto índice de feminicidios, se han negado a solicitar la alerta de género, desestimándola al tomar como base los datos sistematizados por la Fiscalía, sin la existencia previa de un diagnóstico que diera cuenta del contexto real de violencia contra las mujeres, tal y como lo dejó ver la Comisión de Derechos Humanos del Estado en su informe especial sobre la investigación para solicitar una alerta de violencia de género contra las mujeres, lo que a todas luces refleja la tolerancia estatal frente a la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, favoreciendo así su perpetuación. 
En esta tesitura, resulta fundamental que el Estado reconozca el contexto de violencia generalizada y las desapariciones de mujeres en Puebla, el cual se agrava ante la falta de adopción de medidas adecuadas y urgentes para hacer frente a la problemática, como la inexistencia de la declaratoria de alerta de género en la entidad.
“Recordamos al Estado que, en el marco de sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe investigar, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”, señaló el Instituto Ellacurría en un comunicado.

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La Ibero se solidarizó con las familias de las víctimas y solicitó al gobierno de Puebla una serie de medidas urgentes: 
•    Agote todas las líneas de investigación necesarias para allegarse de la verdad, sancionar a los responsables y garantizar que se otorgue por la vía correspondiente la adecuada reparación del daño.
•    Acate sus obligaciones en materia de derechos humanos, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, tal y como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ratificada por México en 1998 y de jerarquía constitucional.