Los 17 policías señalados culpables de violaciones a derechos humanos en el caso Chalchihuapan, fueron cesados, y están bajo proceso, aunque en libertad, indicó el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al confirmar que no hay sanciones contra el extitular de la Secretaría de Seguridad, Facundo Rosas Rosas.
De este modo, el funcionario estatal, desestimó el informe de labores del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, quien señaló que el gobierno de Puebla no ha cumplido la recomendación por la violación grave de derechos humanos de habitantes de dicha comunidad.
Diódoro Carrasco, señaló que lo informado por el ombudsman nacional, fue lo trabajado en 2015, y no se contempla lo subsanado por el gobierno de Puebla en los últimos meses como la disculpa pública.
Explicó que la CNDH al año tiene dos informes por ley, uno presentado al Congreso y otro al Presidente de la República.
“Ese informe claramente no contempla las acciones correspondientes a las tareas del 2016, en general en el país no solo en Puebla”, indicó que por lo tanto no contempla lo que se ha hecho en este primer trimestre sobre las observaciones.
Afirmó entonces que el gobierno estatal ha dado cumplimiento puntual a temas que ha observado la CNDH, sobre todo en el asunto del caso de Chalchihuapan.
Indicó que desde el año anterior se ha venido avanzando, como la disculpa pública ofrecida en Semana Santa a la madre del niño fallecido por el enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes, así como a los lesionados.
“Una disculpa pública apegada a protocolos internacionales, esa disculpa se leyó por parte del fiscal Flota y la subsecretaria de derechos humanos de esta Secretaría (SGG), se entregó en mano a la madre del niño y a las otras personas presentes”, refirió.
Afirmó que se puso a disposición a Elia Tamayo, la madre del niño fallecido, un recurso monetario como indemnización, basado en cuotas de carácter internacional fijados por protocolos.
Dijo que faltaba cerrar el caso de los policías, fueron despedidos y están sujetos a proceso.
Además señaló que el rechazo de la disculpa pública de parte de los afectados, en este caso Elia Tamayo, indicó que será la CNDH la que finalmente determine si se cumplió con la recomendación.
“Si la familia agraviada o las personas agraviadas no la acepta o no les parece (la disculpa), es un tema que no nos toca juzgar a nosotros, a nosotros nos dijeron, den una disculpa pública, háganla con un criterio de protocolo internacional, háganla pública, que estén presentes los agraviados y eso hicimos”, dijo.
–¿Cuántos policías están en proceso y si lo están lo están llevando en libertad?
–Están siguiendo su proceso en libertad, tienen abogados que los están defendiendo, porque tienen que cuidarse, sean o no policías, cuidar el debido proceso.
Explicó que se trata de seis policías de la primera etapa, 11 de la segunda, entre ellos los comandantes que intervinieron en los hechos.
–¿Facundo Rosas no?
–No, no está contemplado en la recomendación de Derechos Humanos.
Finalmente comentó que no existe ni un plazo para que la CNDH determine si se cumplió o no la recomendación, aunque podría darse en las próximas semanas.
El informe
En la presentación de su informe de labores 2015, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que todavía no se cumple la recomendación por violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
La recomendación 2VG/2014 tiene el estatus de “Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial”, indica el documento.
La recomendación se emitió el 11 de septiembre de 2014 al comprobar las violaciones graves a los derechos humanos en el desalojo de manifestantes en Chalchihuapan.
Entre los puntos que no se han cumplido consisten en sanciones administrativas y penales contra servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo, pago de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales, así como la disculpa pública.
Las violaciones
El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de distintas comunidades en Chalchihuapan, en un desalojo que se prolongó varias horas.
Los habitantes mantuvieron bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el gobierno estatal les restituyera el Registro Civil a las juntas auxiliares.
El desalojó por la fuerza dejó más de 30 heridos y la herida de gravedad del niño de 13 años de edad, José Luis Tlehuatle por el impacto de una lata de gas lacrimógeno, –según comprobó en su investigación CNDH– quien moriría días después por las lesiones.