Con el voto en contra de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada y la abstención del legislador de Movimiento Ciudadano (MC) Julián Peña Hidalgo, fue aprobada por mayoría la iniciativa del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, con la cual se creará el Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante discusión de esta iniciativa, la legisladora del sol azteca, Socorro Quezada Tiempo, se manifestó en contra de la designación de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de 15 años.
Expresó que esta determinación pone en duda una verdadera impartición de justicia y el combate de la corrupción e incluso podría interpretarse como una intención de blindar al mandatario estatal al término de su gestión.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado de MC, Julián Peña Hidalgo, manifestó que su voto en abstención en esta iniciativa estuvo fundamentado por la velocidad con la que fue aprobado el dictamen en comisiones y su entrega con menos de 24 horas a los diputados para que lo revisaran.
En tanto, la diputada presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, lamentó la postura de Peña Hidalgo e incluso lo acusó de una falta de interés de su parte para participar en las sesiones de comisiones para que tuviera conocimiento del dictamen.
En la tribuna, la panista, detalló los alcances del sistema como que la Reforma Constitucional plantea la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que resolverá las controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal, además, contempla la conformación del Consejo de la Judicatura, encargado de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así como la existencia de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que formará parte de la Fiscalía General del Estado, que investigará y perseguirá los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción.
Respecto al régimen de sanciones, se establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los Órganos Internos de Control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); asimismo, se instituye la posibilidad de sancionar a particulares que incurran en hechos de corrupción, y a servidores públicos que no puedan comprobar la procedencia lícita de sus bienes.
En materia de fiscalización, la reforma señala que se eliminarán los principios de posterioridad y anualidad, de esta manera la Auditoria Superior podrá realizar auditorías en tiempo real, además faculta a la ASE para denunciar irregularidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
Además se plantean otras adecuaciones legales a la Ley Orgánica Municipal, a la Ley Orgánica la Fiscalía General y la del Poder Judicial, así como al Código Penal, al CACEP, a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Además plantea nuevas leyes como la del Sistema Estatal Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de la Fiscalización Superior, además de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
El dictamen alcanzó una votación de 37 sufragios a favor, un voto en contra y una abstención con lo que dieron luz verde a esta iniciativa propuesta por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
