Juan Manuel Vega Rayet y Juan Carlos Lastiri Qurós, se pronunciaron por la legalidad, sin meterse a defender a la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández. Señalan que el procedimiento debe ser conforme a derecho.

Este viernes, pleno del Congreso del Estado, inició un procedimiento de destitución en contra de la alcaldesa del segundo municipio más grande del Estado de Puebla.

Al respecto, en entrevistas por separado, los funcionarios coincidieron en señalar que el procedimiento debe ser apegado a la ley, al comentar que no saben a detalle la situación en Tehuacán.

Ambos personajes, también aspirantes a la gubernatura del estado de Puebla, indicaron que la munícipe debe ser escuchada para que pueda defenderse.

 


 

Juan Manuel Vega Rayet, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), apuntó que desconoce la situación de la presidenta municipal, por lo que no se podría pronunciar a fondo.

Sin embargo, hizo un llamado a los presidentes municipales para “ponerse las pilas” para aplicar adecuadamente los 4 mil 600 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal, de lo contrario “esas son las consecuencias”, dijo con respecto al caso de Tehuacán.

-¿Cómo priista tiene su apoyo la alcaldesa?

-Tiene mi apoyo como priista, siempre y cuando haya injusticia, nosotros tampoco como priistas no vamos a apoyar gobiernos que no tengan transparencia.

“Yo no puedo opinar si está bien o está mal, porque ni la audite ni sé cómo está a fondo”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Lastiri Quirós, señaló que la determinación de los diputados locales tendrá que seguir su curso.

Por lo tanto, señaló que la propia munícipe agotará las instancias jurídicas que así requiera en su defensa.

“La presidenta municipal tiene el derecho de ser oída en juicio y ante las autoridades competentes”, dijo.

-¿Apoya la decisión del Congreso?

-Yo apoyo la legalidad.

Aclaró que, al menos por el momento, no se trata de una destitución pues solo se trata de un procedimiento de inicio de responsabilidades del propio Poder Legislativo.

“Yo apoyo la legalidad, es por ejemplo lo que está pasando igual con el expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, donde lo que se ve no se juzga, pues se trata de una pugna interna de un partido político”, puntualizó sin nombrar al PAN.

Gobernabilidad

En un comunicado, el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla señaló que, con la resolución contra la alcaldesa de Tehuacán, se pone en riesgo la gobernabilidad en ese municipio.

Por lo tanto, exigió el cese a las acciones emprendidas en contra de la Presidenta Municipal, autoridad electa democráticamente por el voto de los ciudadanos de Tehuacán.

“El PRI demanda que el proceso que se le siga a la alcaldesa, se apegue a total legalidad y no sea un instrumento político por no doblegarse ante imposiciones del gobierno estatal, que violentan el respeto a la autonomía constitucional de los municipios”, señala el comunicado.

“Sin lugar a dudas, en el PRI somos los primeros garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de todos los funcionarios que emanan de nuestras filas pero, no toleraremos actos que perjudiquen a la sociedad poblana”.

“Esperamos que el Poder Judicial de la Federación, instancia en la que confiamos plenamente, resuelva este caso conforme a derecho y apegado a las garantías constituciones de la Presidenta Municipal”.