La opacidad en la administración de los recursos y los despojos de tierras para distintos proyectos, fueron 2 temas concurrentes a lo largo de los 6 años del gobierno de Rafael Moreno Valle, refirieron especialistas.

Tal es el caso del Gasoducto Morelos, donde se aplicó la Ley de Expropiación a pesar de los reclamos de los lugareños y propietarios de terrenos.

También, en cuestión de transparencia se colocaron constantemente bloqueos para evitar que se conociera el manejo de multimillonarios bienes, mismos que se desconocen hasta la fecha.

La opacidad

Lilia Vélez, directora del área de humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla, hizo un desglose del sexenio morenovallista, el cual incurrió en estrategias de opacidad para no revelar información de su administración.

Recordó que Moreno Valle, en su candidatura a la gubernatura, mediante la plataforma de la coalición Compromiso por Puebla, ofreció transparentar adquisición y obra pública, así como los procesos de licitación y ejercicio de recursos.

Además, dijo que entregaría la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip) a los ciudadanos, según una frase textual del entonces candidato.

“Pero fueron solo promesas centrales en este gobierno”, sentenció la especialista en temas de transparencia, al señalar que en estos seis años, solo hubo opacidad.

Recordó que en términos legislativos hubo una nueva ley, luego de que la anterior que estaba rezagada y mantenía a Puebla en los últimos lugares en transparencia.

La misma se cambió, sin embargo no se dieron modificaciones en la ratificación del recurso de revisión, inconstitucional y que generó hasta el año pasado uno de los problemas más importantes.

Explicó que si no se ratificaba de manera personal un recurso de revisión ante la CAIP, se desechaba. De acuerdo con datos del Observatorio Con los Ojos Abiertos de la Ibero, casi 40%  recursos fueron no interpuestos por la ratificación.

Asimismo, subrayó que en el sexenio se detectaron serie de mecanismos para bloquear el acceso a la información, “muchos no visto antes, fueron creativos”, dijo sarcástica. Resaltó que se bloquearon proyectos, obras, y hasta cifras de la delincuencia.

“El invento de sexenio, fue el cambio de modalidad de entrega, ahora hay tecnología para entregar la información, pero se ponía la información in situ, lo que quiere decir que se tenía que asistir a las oficinas a recogerla, aunque a la llegada se cambiaban las citas o simplemente no contestaban”.

“Son mecanismos para que no se obtenga la información, si un periodista de repente se cansa, un ciudadano es mayor”, dijo.

Asimismo analizó el control del gobierno de Puebla a la CAIP, a través de designación de comisionados cercanos al grupo en el poder, quienes se convirtieron, dijo, en garantes de la opacidad que de transparencia.

“La actuación del órgano garante, nunca en su historia se había visto una actuación tan favorable al gobierno estatal”, mencionó.

Los despojos

Se ha agudizado el despojo de tierras en Puebla, resaltó Eduardo Morales Sierra, del Instituto Derechos Humanos Ignacio Ellacuria de la Ibero, al indicar que se debe a diversos proyectos en los que está inmiscuido el gobierno poblano.

Detalló que en la entidad, existen 26 conflictos socio-ambientales, dos de ellos únicamente son previos al gobierno de Moreno Valle.

Indicó que la población ha asumido los costos con aprehensiones y despojo de tierras, por la instalación de mineras, hidroeléctricas, conflictos carreteros y gasoductos en las sierras Norte, Nororiental y Mixteca, sobre todo.

Por lo tanto, los conflictos se han generalizado y el estado, a través de mecanismos juridiccionales, ha despojado de los terrenos a los habitantes, en su mayoría de escasos recursos.

“El Estado de Puebla utiliza su poder favoreciendo el despojo, dejando del lado a las comunidades y su territorialidad. Tendría la capacidad de defender, pero como actor social se ha convertido en un factor más que genera conflicto”, dijo.

Comentó que existe la concepción de que el estado ha omitido la defensa de los derechos humanos, han sido utilizados por las organizaciones, lo que ha permitido establecer una posición política.

“Los derechos humanos y defensa del territorio, ha pasado a una realidad negativa en Puebla que ha transformado a las comunidades y se encuentran distantes la aplicación de derechos humanos”, dijo