El Congreso del Estado aprobó sancionar a seis expresidentes municipales, entre ellos José Rubén Gil Campos, quien era edil de Izúcar de Matamoros, y que se encuentra preso en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico desde hace nueve años.

Durante la sesión ordinaria, en el salón de plenos solo estuvieron presentes 30 de los 39 legisladores asistentes. El resto permaneció en sus oficinas sin participar en los trabajos, mientras, al final manifestantes de Ajalpan quemaron chiles a las afueras del Congreso para obligar a los diputados a abandonar el recinto.

Los diputados aprobaron sanciones económicas por 320 millones 149,963 pesos para los seis expresidentes municipales y dos funcionarios de administraciones anteriores.

Después de 9 años de haber sido detenido en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, Rubén Gil, quien ocupó la presidencia municipal de Matamoros por  45 días en 2008, fue inhabilitado por 12 años y se le aplicó una sanción económica por 459 mil 704 pesos.

Entre los sancionados se encuentra también el exedil de Jopala, Enrique Antonio Álvarez, quien, por irregularidades en su cuenta de 2009, fue sancionado con 122 millones de pesos e inhabilitado por 12 años.

En el caso de Vicente Guerrero, por la cuenta 2008, Juan Romero Huerta enfrenta penalización de 86 millones 981 mil pesos, mientras el expresidente municipal de Tecali, José Francisco Romero Rosas, tuvo una sanción de 86 millones, 734 mil pesos.

Otros funcionarios penalizados fueron el exdirector  de Operadora Estatal de Aeropuertos, Fernando Ramírez Elizalde y el exdirector de la Universidad Tecnológica de Oriental, José Roberto Fuentes López.

Además los alcaldes de Zapotitlan, Jopala, y Pahuatlán, fueron inhabilitados por 12 años.

Enchilan a diputados

Previo a que terminara la sesión, un grupo de no más de cincuenta manifestantes, provenientes de Jolalpan, encabezados por Ramiro León, llegaron al Congreso del Estado para exigir la destitución del edil, Antonio Javana García.

Ramiro León ha encabezado a grupos de manifestantes de Acajete, así como Tepatlaxco  y, al ver que no serían recibidos, su gente bajó un anafre para quemar chiles y llenar de humo el edificio legislativo.

Los legisladores salieron por la puerta trasera para evitar la protesta, mientras el personal administrativo y de seguridad que se encontraba en el interior del recinto sufrió por los efectos del humo.

Defienden reforma del agua

Durante la sesión se aprobó en asuntos generales un acuerdo de la Junta de Gobierno para aclarar que el agua no será privatizada.

El diputado independiente, Julián Peña Hidalgo, reconoció que la reforma aprobada el 6 de enero no privatiza el servicio, sin embargo, consideró necesario que se precise más el texto.

En el exhorto, dirigido a los 217 ayuntamientos, se señala que es fundamental para el poder legislativo hacer del conocimiento que la reforma a la Constitución Local en materia de derecho humano al agua, se realizó con el objeto de armonizarla con la Constitución Federal. 

Además, se precisa que la reforma respectiva no tiene ningún ánimo o elemento privatizador por el cual el derecho humano al agua se privatice, sino por el contrario, que toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

También se hace del conocimiento público, que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el 199 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, no han sido reformados, y siguen previendo que los ayuntamientos de los municipios tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

A C U E R D O

PRIMERO.- Hacer del conocimiento de los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado que la reforma a la Constitución Local en materia de derecho humano al agua es con el objeto de armonizar la misma con la Constitución Federal.

SEGUNDO.- Precisar a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, que la reforma respectiva no tiene ningún ánimo o elemento privatizador por el cual el derecho humano al agua se privatice, sino por el contrario que toda “Toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”

TERCERO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el 199 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, no han sido reformados y siguen previendo que los Ayuntamientos de los Municipios tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

CUARTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla se solicita la dispensa del trámite constitucional respectivo, por ser un asunto urgente.