El pleno del Congreso del Estado consumó la sanción en contra del exalcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, durante una sesión extraordinaria en la que el diputado panista, Pablo Montiel Solana, denunció que la Auditoría Superior del Estado y el poder Legislativo incurrieron en acciones inconstitucionales. En tanto, Socorro Quezada, presidenta estatal del PRD, exhibió las irregularidades de la ASE y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN reprobó la votación de sus representantes poblanos.

Durante la sesión extraordinaria de este viernes, con tres votos en contra, una abstención y 32 sufragios a favor se aprobó la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez por 12 años más una sanción económica de 25 millones 597 mil 16 pesos.

A pesar de que el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chidiac, había manifestado a inicios de la semana su respaldo a Eduardo Rivera Pérez e incluso tuiteó que los priistas votarían en contra de las sanciones, este viernes los diputados del tricolor respaldaron el resolutivo de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora a pesar de los argumentos que se denunciaron por la presunta ilegalidad.

El panista Pablo Montiel Solana, advirtió que con la acción habrá consecuencias y responsabilidades sobre los diputados, porque el auditor ya certificó que la audiencia ya había  concluido y fuera de sus facultades ordenó otra.

Dijo que se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que auditaron recursos federales, recursos que se encuentran fuera del ámbito de sus facultades.

Montiel Solana precisó que la Auditoría Superior del Estado carece de competencia constitucional para fiscalizar recursos federales, y lo realizó, mientras el Congreso del Estado carece de la misma competencia para pronunciarse respecto de cuentas públicas con fondos federales, y esto se hizo.

Insistió en que dentro de la competencia del poder legislativo no está el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, en las condiciones señaladas.

Manifestó que uno de los excesos de la auditoría, fue iniciar la fiscalización en 2014 no al ayuntamiento de Puebla que es a quien se le debió fiscalizar, sino un exservidor público, y el municipio no fue ni siquiera parte del procedimiento.

Montiel Solana indicó que la fiscalización realizada por el órgano, fue a toda la administración pública municipal, no a la labor del expresidente municipal, e ignoró los ámbitos de competencia de los servidores públicos y sus responsabilidades.
 
Audiencia ilegal

El único legislador panista que votó en contra de las sanciones, indicó que la audiencia en la que la Auditoría Superior del Estado, citó a Eduardo Rivera Pérez, y a la que él acudió, inició y concluyó el 20 de enero de 2014 como lo certificó el propio auditor, David Villanueva Lomelí.

Expresó que en término de la Ley de Responsabilidades, la ASE tenía 30 días hábiles para emitir la resolución final y esto no sucedió. La sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo y de confirmarse esta violación a la ley, se generarán consecuencias y responsabilidades sobre los miembros del Congreso.

Montiel Solana comentó que el auditor, David Villanueva Lomelí -sin facultades- abrió una sesión ya concluida, presuntamente para desahogar pruebas que no fueron ofrecidas por el ex presidente municipal de Puebla, lo que se traduce en violación flagrante a la ley.

El Santo Oficio

La diputada perredista, Socorro Quezada Tiempo, dijo que la actual, es una legislatura histórica por la violación a la ley y a la constitución: “se han constituido en un Santo Oficio”.

Con el dictamen en la mano, presentó las imprecisiones del documento, ya que “se le están fincando responsabilidades a Eduardo Rivera Pérez por la mala calidad de la obra  de la avenida 11 norte – sur, cuando está fue realizada por el gobierno del estado”.

Señaló que a pesar de que Eduardo Rivera ingresó dinero a la tesorería por el cobro a comercios, ahora se le pide una copia de cada recibo expedido.

Aclaró que todo lo que señalaba está en el dictamen, pero los diputados no lo leyeron, ya que si lo hubieran hecho, votarían en contra.

Aclaró que no defiende a Eduardo Rivera, sino la legalidad y el estado de derecho que fue vulnerado con el caso.

Independiente también cuestiona

El tercero de los diputados que votó en contra, Julián Peña Hidalgo, coincidió con Montiel Solana en la posibilidad de incurrir en un delito al aprobar la inhabilitación y sanción en contra del ex edil capitalino por un daño patrimonial generado al ayuntamiento de Puebla en 2013.

El legislador independiente, enfatizó que la fiscalización debe ser un procedimiento transparente que debe estar apegado a derecho, sin embargo, aseveró el proceso estuvo “amañado” y realizado “bajo un sesgo político”.

Se inconforma el CEN por sanción

Luego de la sesión extraordinaria, la dirigencia nacional manifestó su total respaldo a Eduardo Rivera Pérez y cuestionó el actuar de los diputados panistas locales, asegurando que su voto no va conforme a la línea del partido.

En un comunicado de prensa el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN enfatizó que la votación a favor de las sanciones por parte de legisladores panistas en Puebla, no representa la postura oficial del PAN.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional rechaza la decisión del Congreso del Estado de Puebla de inhabilitar al ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, toda vez que considera sin sustento dicho proceso.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PAN reitera su confianza en la honestidad de Eduardo Rivera Pérez, quien tiene una trayectoria limpia y siempre coincidente con los principios y valores humanistas del partido.

“También reconoce su trabajo actual como delegado del CEN para la elección del Estado de México, en donde es indispensable la unión de todos los panistas del país para terminar con más de 80 años de malos gobiernos priistas”, concluye el posicionamiento.

Grupo de choque

La sesión extraordinaria inició con 47 minutos de retraso luego de que un grupo de menos de 20 jóvenes se colocaron en la puerta de acceso del Congreso del Estado, para manifestarse presuntamente contra Eduardo Rivera Pérez.

Las personas que acudieron, son las mismas que en 2015 intentaron tomar las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN, protestando contra el entonces presidente estatal de Acción Nacional, Rafael Micalco.

De acuerdo a información proporcionada, la intención fue tener un grupo de choque afuera del congreso para impedir el acceso de Eduardo Rivera o de sus seguidores.

El cierre de puertas afectó a los legisladores tuvieron que ingresar por la azotea del Congreso, principalmente Socorro Quezada y Julián Peña, a quienes ya tenían identificados, como votos en contra.

La medida también complicó el trabajo de los reporteros, fotógrafos y camarógrafos quienes también se vieron forzados a utilizar escaleras improvisadas para entrar al recinto legislativo desde la azotea del edificio.