El pleno del Congreso del Estado recibió el exhorto del diputado cetemista, Leobardo Soto Martínez para solicitar al gobierno estatal el retiro de las concesiones a la empresa UBER por presuntas irregularidades, entre ellas el cobro en efectivo, así como evasión fiscal.

Durante la sesión ordinaria, donde solo se abordaron veinte puntos, de los cuales la mayoría se turnó a comisiones o solo eran temas de lectura, Soto Martínez pidió que, ante las irregularidades cometidas por UBER y la competencia desleal que generan con los taxistas tradicionales, se les retire las concesiones para prestar el servicio de transporte ejecutivo.

Así, reiteró que el exhorto presentado es para que la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Movilidad que revise la operación de este servicio debido a que ha cometido una serie de infracciones y violaciones a la ley.

Soto subrayó que, de acuerdo a la legislación vigente, las unidades de UBER solamente pueden cobrar su servicio por medios electrónicos, sin embargo, han comenzado a recibir el pago en efectivo con lo que están incurriendo en una evasión de impuestos.

“Creo que con la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que nos dejó las facultades a los estados de dar permisos o retirárselos  creo que así con las infracciones que está cometiendo UBER tan grotescas creo que deben ser retirados los permisos”.

Además, el legislador agregó que las unidades de UBER han comenzado a realizar base en diversos puntos de la ciudad como la zona de la CAPU y el Parque Ecológico a pesar que la normativa vigente se los prohíbe, con lo que han incrementado su competencia desleal.

Advirtió que la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del gobierno estatal ha hecho caso omiso para elaborar el reglamento de operación para estos taxis, por lo que la siguiente medida -dijo- será exigir que les quiten el permiso.

"Con la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que nos deja a los Estados la facultad de dar premisos a Uber y retirárselos, con estas infracciones que está cometiendo tan grotescas, yo creo debe ser retirado el permiso", puntualizó.

Asimismo, el cetemista se apostó por que Uber tenga sanciones más fuertes y serias para que respete el marco legal, pues argumentó que sigue siendo una competencia desleal para el servicio público que ofertan otras agrupaciones de taxistas que sí se apegan a Derecho.

Este servicio público está respaldado por Senadores y altos funcionarios, denunció, por lo que no se ha procedido a retirarles los permisos, sin embargo, confió que el gobierno de Puebla sí cumpla la ley y apoye al gremio.

Soto Martínez insistió que si Uber no se apega a las leyes, deberá seguirse el camino que la SCJN determinó, "no al monopolio y si apoyar a los taxistas establecidos”, y agregó que entre las violaciones están la evasión al fisco, no hacer paradas, no hacer base, cobrar en efectivo, entre otras.

Prueban al titular de seguridad

En entrevista, la coordinadora de los diputados del PRI, Silvia Tanús Osorio, declaró que el crecimiento de los asaltos en el transporte público y la violencia con la que se cometen podrían ser un mensaje para el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Manuel Alonso García, de parte del “crimen organizado”.

Advirtió que las bandas dedicadas al asalto de usuarios del transporte público han comenzado a organizarse de mejor manera para evitar ser detenidos por los pasajeros o las autoridades policiacas, por lo que no están dispuestos a dejar de operar dentro de la impunidad pese al relevo en la SSPTM. 

“Puede ser, ahora el crimen organizado está muy organizado, digo es una posibilidad, te voy a decir como la Fiscalía hay varias líneas de investigación y varias hipótesis de qué cosa puede ser. 

Se me hace muy raro el que ayer haya habido seis asaltos, para mí creo que se están tardando y creo que deben de idear una manera de vigilancia que les permita atacar el problema”.

Tanús Osorio confió que la administración municipal acelerará la implementación de su estrategia de seguridad para garantizar a los usuarios del transporte público que no serán víctimas de los amantes de lo ajeno durante el trayecto a sus centros de trabajo, escuela o domicilio.