Tras el asesinato del alcalde de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, el pasado 11 de octubre, el Congreso del Estado tomó protesta a Bartolomé Manzano Hernández, quien fungía como regidor de gobernación del municipio, quien indicó que no tiene miedo, a pesar del riesgo que hay en el lugar.
Durante la sesión del pleno, se legalizó el nombramiento del funcionario municipal, quien en entrevista mencionó: “si hay que dar la vida por Hutzilan de Serdán lo haré”, esto a casi un mes del asesinato del alcalde, Manuel Hernández Pasión, a manos de un grupo armado, mientras se encuentran detenidas las investigaciones en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Manzano Hernández expresó que las autoridades estatales tienen conocimiento sobre quiénes son los autores intelectuales de este crimen, sin embargo, no han hecho nada para detenerlos y hacer valer la justicia en el estado.
“Los caciques” de la región, reiteró, fueron los responsables del crimen, el que consideró como un ataque directo en contra de la organización Antorcha Campesina.
Cuestionado si teme por su seguridad, una vez que asumió el cargo de presidente municipal, respondió no tener ningún miedo pero adelantó que está valorando la posibilidad de ser acompañado por un escolta.
Manzano Hernández señaló que una de sus primeras acciones como alcalde de Hutzilan de Serdán será la contratación de más elementos para la policía municipal a fin de reforzar la seguridad en el municipio en beneficio de los ciudadanos.
Los taxis en la mira
En la sesión nuevamente diputados locales tocaron el tema de los taxistas. El representante del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale López, solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, diseñar una plataforma digital o aplicación móvil en la cual los usuarios del servicio de transporte mercantil puedan verificar el nombre y fotografía de los conductores, así como la información general de los vehículos en los que se presta el servicio, con el fin de contribuir a la seguridad de los usuarios y a la competencia de este tipo de servicio.
Aseguró que con esta medida, el manejo de los taxis convencionales se efectuará de una forma eficiente, enfocada en mantener un control actualizado de los registros con los que cuenta la Secretaría y que se verá reflejado en la disminución de los hechos delictivos que se cometan a bordo de los taxis del servicio mercantil.
También, sostuvo, se podrá mejorar la competencia entre este tipo de transporte y el servicio ejecutivo, ya que se pone al alcance de los usuarios una herramienta adicional, con la que los usuarios podrán optar entre uno u otro sin distingo, ya que ambas contarían con los elementos necesarios para cerciorarse de la identidad de la persona que los está transportando y de la unidad en que se encuentran, mejorando considerablemente la calidad en el servicio y la seguridad en el transporte.
Mientras, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Mario Rincón González, exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Moviliad y Transportes (SIMT), aplicar operativos de vigilancia a fin de que empresas como Uber no cobren en efectivo y respeten la ley.
"La ley es clara y no podemos permitir que estas empresas violen la ley. No sé qué le buscan éstos señores, pediremos al subrecretario para que se apliquen operativos para que no cobren en efectivo. No existen lagunas, lagunas ven quienes quieren violentar la ley y eso no se puede permitir", sostuvo.
El legislador de Acción Nacional sentenció que de seguir los choferes de Uber cobrando en efectivo tendrán que ser sujetos a las sanciones que les impongan las autoridades correspondientes.
"La ley se cambió y hay que respetarla, este país es un desorden y el desorden genera caos, estamos acostumbrados a vivir con este tipo de acciones pero no lo podemos permitir pues el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios", puntualizó.
El pasado 31 de octubre los diputados del Congreso local avalaron la reforma a la Ley de Transporte para regular el Servicio Ejecutivo de Transporte y entró en vigor a partir del pasado martes 07 de noviembre, por tanto las Empresas de Redes de Transporte (ERT) no podrán cobrar en efectivo, no harán base y tendrán que someterse a exámenes de control y confianza.