Alejandro Armenta Mier, diputado federal por Morena, presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados en el cual solicita que se exhorte a los legisladores poblanos que nuevamente revisen las cuentas públicas de los últimos tres sexenios, a fin de esclarecer diversas dudas con el manejo del erario por parte del exgobernador, Rafael Moreno Valle. 

Explicó que durante el 1 de febrero de 1999 y el 31 de enero de 2005, periodo en que gobernó Melquiades Morales Flores, la revisión tendría como finalidad conocer los detalles del llamado hoyo financiero, por lo cual la nueva fiscalización debería centrarse en los primeros 4 años de la gestión, cuando Rafael Moreno Valle Rosas se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social de Puebla. 

En el Punto de Acuerdo, Armenta Mier recordó que: “En marzo de 2002, durante el sexenio de Melquiades Morales, desaparecieron 6 mil 118 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, acontecimiento que fue denominado hoyo financiero, del cual en diversas ocasiones se ha deslindado Rafael Moreno Valle, quien entonces era el titular de la secretaría, pese a las pruebas documentales que han presentado diversos medios de comunicación”.

La cifra fue originalmente revelada en los datos de las auditorías avaladas por Deloitte. En ellas se destacó que la contratación de burócratas, así como pasivos (deuda) no registrados, fueron los rubros que más engrosaron el mal llamado hoyo financiero.

En entrevista para Intolerancia Diario, Armenta Mier agregó que la revisión de las cuentas públicas referentes a los ejercicios fiscales entre 2011 y 2017, permitirán conocer, entre otras cosas, la gravedad de la deuda en la entidad.

Ahondó que los pasivos en Puebla, tras el sexenio morenovallista, rondan los 70 mil millones de pesos, una cifra cercana a la totalidad del presupuesto que destinó la federación para el estado en este año.

Es claro que en su administración se reservaron discrecionalmente los expedientes (…) ente ellos el de Evercore. El endeudamiento equivale a casi el total de un presupuesto anual, violentando la Ley de Disciplina Financiera”, abundó.

En los considerandos agregó que en la administración de Rafael Moreno Valle se realizaron “acciones más sofisticadas para ocultar la información de los recursos públicos ejercidos” y detalla que se construyeron obras “de ornato”, de mala calidad, a sobrecostos y bajo las figuras de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS): “Reservando la información, se endeudó de manera engañosa al estado por medio de fideicomisos públicos como el contratado con la empresa Evercore para que recabe y maneje los recursos del estado por concepto de Impuesto sobre la Nómina, el cual es indefinido”.

Por todo ello: “Presenté ante el pleno una iniciativa para que investigue el mecanismo de saqueo a Puebla por parte del morenovallismo”, escribió el legislador en su cuenta de Facebook en donde agregó un video en el cual sostiene que las acusaciones en su contra son resultado de la denuncia mediática que ha realizado del endeudamiento del estado. 

El Punto de Acuerdo presentado este martes en la Cámara de Diputados fue votado y enviado a comisiones, serán los integrantes de la Comisión de Gobernación y los representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes, en un plazo no determinado, resuelvan si aprueban o no, el exhorto al congreso de Puebla. 

Incluye a Marín

El expriista, explicó que también solicita a los diputados locales que revisen nuevamente las cuentas públicas del sexenio de Mario Marín Torres, donde fungió como representante del DIF y la Secretaría de Desarrollo Social para que se puedan corroborar sus dichos en el sentido que no es responsable del fraude de viviendas a los damnificados por el huracán “Dean”, hace una década.

Para que se investigue a fondo mi paso por el DIF y la Sedeso para que no tenga tema el fiscal (Víctor Carrancá), que lejos de atender de reclamos de justicia, se dedica a criminalizar la protesta social”, señaló.  

Agregó que la “persecución” en su contra es parte de los mecanismos de control que aplicó el régimen morenovallista para acallar las voces disidentes y a quienes denunciaron los abusos del poder.