El diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier, dijo que responderá con prudencia a los señalamientos hechos por el Consejo Estatal al redactar un código de ética para regular el comportamiento de los coordinadores de organización electoral y aspirantes a un cargo de elección popular, además de pedir su comparecencia ante el Consejo Estatal.

En rueda de prensa, acompañado por los legisladores de Morena, Rodrigo Abdala y Miguel Alva y Alva, al ser cuestionado sobre si tenía permiso por escrito para utilizar el chaleco con el logotipo del partido como lo establece el código aprobado el pasado domingo, expresó ser respetuoso de las decisiones que tomen los órganos de dirección de este instituto político pero consideró que no modificará su postura política y sus actividades de propaganda para apegarse a estos nuevos lineamientos.

Sobre si asistirá el próximo domingo a comparecer ante los integrantes del Consejo, precisó que hasta el momento no ha recibido una invitación formal para presentar su plataforma política y plan de trabajo como coordinador de organización en primera fórmula al Senado.

Comentó que, de manera independiente a este llamado para asistir a una reunión con los consejeros estatales de Morena, se apegará a los lineamientos que dicte su dirigencia nacional para trabajar en la consolidación del proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Armenta informó que en estos momentos tiene comunicación directa con el presidente estatal del partido, Gabriel Biestro Medinilla, con Luis Miguel Barbosa Huerta, así como con Nancy de la Sierra para trabajar de manera coordinada con la dirección nacional con miras al proceso 2018.

Respaldo de Abdala

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues advirtió que Alejandro Armenta, integrante de la fracción de diputados federales por Morena, tiene el derecho a utilizar el chaleco con el logotipo del partido, portar el mismo en sus eventos como diputado y expresar sus opiniones, asegurando que nada de ello viola los estatutos del partido.

Asimismo, destacó que en estos momentos se trabaja en la Cámara de Diputados contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue enviada al senado.

Imitan la Ley Bala

En la conferencia de prensa, los legisladores criticaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y advirtieron que Puebla es un ejemplo de lo que puede ocurrir si se aplica el documento.

Alejandro Armenta recordó que el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhibió las irregularidades en la detención y proceso que mantuvieron preso, desde diciembre 2014, al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, quien finalmente quedó libre el pasado 15 de noviembre.

Dijo que hay cientos de casos más, entre ellos, algunos de los más relevantes como el de Israel Pacheco, exlíder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla; Francisco Castillo Montemayor, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y el de Jairo Javier Montes Bautista, expresidente auxiliar de San Bernardino Chalchichuapan, derivado de la represión del morenovallismo contra la legítima demanda de ciudadanos de la comunidad de que permaneciera el Registro Civil. El conflicto dejó como saldo la muerte de un niño.

Precisó que hubo otros casos como el de Juventino Tlahuel, quien fue apresado en el operativo para decomisar mototaxis; Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, tan solo por exigir que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no solamente con tarjeta, quienes fueron juzgadas por el delito inventado de portación de armas, acusando que a estos se suma una larga lista que pone a Puebla como el estado líder en este abuso en el país.

Armenta dijo que en la Puebla del morenovallismo, la utilización torcida y perversa de las instituciones de procuración de justicia contra los críticos de Rafael Moreno Valle Rosas no tienen parangón en la historia de la entidad, lo que se vio en todo el sexenio, señaló.

Además, recordó cómo se dio la facultad de intervenir comunicaciones privadas, donde Puebla ganó “renombre” en el Morenovallismo y el “Hacking Team”, con la invasión a la privacidad.

Señaló que como diputado federal de MORENA, presentó una iniciativa para establecer la aplicación de sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600  días multa por este delito, y si éste fuera funcionario público, se le aumentara la pena en una tercera parte y será inhabilitado por un periodo de 6 a 12 años.

Dijo que ley federal pasa por alto temas fundamentales como la protección a los Derechos Humanos y la transparencia: “La Ley es ambigua y tiene una clara intención de opacidad”, sentenció.