Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió analizar la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, interpuesta por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, se ha generado polémica política en la entidad.
Al respecto, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, confía que la legislación será echada abajo, al aseverar que se está violando la Constitución.
Carrasco defiende legislación
El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, sentenció que dicha solicitud es un protagonismo político en tiempos electorales. Además, afirmó que, de manera contundente, el Gobierno de Puebla apoya la Ley de Seguridad Interior.
Pero causó polémica al ámbito político al acusar que dicha controversia se realiza próxima a las elecciones: “Me parece que es un acto de protagonismo político en tiempos electorales”.
Indicó Carrasco Altamirano que el papel que ha jugado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ejército Mexicano, son fundamentales para garantizar las condiciones de tranquilidad social y combatir a la delincuencia organizada.
“Es evidente en el caso de huachicoleros y el robo de trenes, así como la persecución de las células delictivas que operan en esos temas en territorio poblano, con los resultados exitosos que no voy a repetir”, señaló en el caso de Puebla.
“No tenemos duda que ese esfuerzo necesita un respaldo jurídico. Los miembros del ejército necesitan tener certeza jurídica sobre el proceso de actuación, los tiempos y protocolos de actuación”, insistió.
“Eso es justamente lo que establece la ley de seguridad interior. En la medida que no tengamos la suficiente policía federal para atacar los problemas en el ámbito federal, como vías de comunicación, sistemas de transporte carretero, de ferroviario, de ductos de Pemex, se requiere la presencia del Ejército”, dijo.
Explicó que la SCJN dio entrada solamente, lo que se va a evaluar es si se admite el procedimiento de revisión.
“Hay un proceso. Se mete la controversia, se turna a un ministro, ese ministro tiene la obligación de avaluar y se vota en la sala correspondiente si se acepta o desecha. En esa etapa está”, dijo finalmente.
La controversia
En un video publicado en su cuenta de Facebook y Twitter, el alcalde cholulteca celebró la decisión de los ministros de admitir el recurso, por lo que espera que corrijan a los legisladores federales.
“Le entrarán al estudio y análisis de la misma, somos muy claros en decir que hay una violación a la autonomía municipal, dejaron fuera a los gobiernos municipales que somos el nivel más próximo a la población”, comentó.
“La Constitución de forma muy clara, señala que la seguridad pública en el nivel de proximidad y prevención al delito, es tarea de los gobiernos municipales”, continuó Espinosa.
“Por eso estaremos atentos, el próximo miércoles, llevaremos a cabo el foro estatal para analizar la Ley de Seguridad Interior”.
“La militarización del país no es la solución para recuperar la paz y tranquilidad que merecemos todas las familias mexicanas”, terminó.
Dicho trámite es el único presentado hasta el momento por la síndica del municipio de San Pedro Cholula, Esperanza Estela Chilaca, contra la Ley de Seguridad Interior, avalada en diciembre de 2017 por el Congreso de la Unión.
La controversia demanda la invalidez de la norma, al reclamar que los artículos 7, 11 y 16 de la Ley de Seguridad Interior, violentan de manera flagrante su autonomía, por lo demanda la inconstitucionalidad del decreto publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Fue el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien dio la aprobación a la misma, la cual pasará al ministro Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, así, el máximo tribunal analizará si dicha legislación vulnera los derechos humanos y la Constitución.
Anteriormente, Espinosa Torres denunció que la Ley de Seguridad Interior militariza el territorio nacional, pero además le da facultades al titular del Poder Ejecutivo Federal no solamente de utilizar las fuerzas armadas, sino también a las policías municipales en contra de la población civil.
Por lo tanto, convocó a más presidentes municipales, no solo de Puebla, sino de todo México, a sumarse e inconformase por la vía jurídica.
Asimismo, confió en que no haya represalias, aunque dejó en claro que están preparados para enfrentarlas.