La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis, dijo que el 3 por ciento de las firmas del listado nominal que se solicita a los aspirantes a una candidatura en Puebla es constitucional, pero dijo que el plazo para obtenerlas debería ampliarse a 60 días.

Entrevistada al acudir al Tribunal Electoral del Estado (TEEP), donde a partir de este jueves el salón de plenos lleva su nombre, la magistrada dijo que es necesario que el Congreso de Puebla reforme la ley electoral para ampliar el plazo de recolección de firmas y haga accesible la norma para los aspirantes a candidatos independientes.

De este modo,  al ser cuestionada sobre la inconstitucionalidad del porcentaje de firmas del listado nominal, señalada por el aspirante Enrique Cárdenas, precisó que la cantidad fue validada por el tribunal.

Otálora Malassis explicó que en el análisis que realizaron en la queja que promovió el aspirante a la gubernatura por la vía independiente, Cárdenas Sánchez, consideraron que el plazo establecido para recabar las más de 132 mil 552 firmas de apoyo ciudadano era insuficiente.

Reiteró que en la resolución emitida no abordaron la inconstitucionalidad del tres por ciento de las firmas requeridas para una candidatura independiente y solamente se ordenó ampliar el plazo para que tuviera más tiempo para alcanzar este número de rúbricas.

Estimó que para alcanzar esta cifra, dependiendo de la estrategia de cada candidato o candidata, se requieren de al menos 60 días y por lo tanto sería prudente que el Poder Legislativo realice las adecuaciones necesarias al Código Electoral de Puebla.

Cuestionada sobre las declaraciones de Cárdenas Sánchez quien aseguró que aunque no alcance las firmas requeridas por una resolución del TEPJF llegará a la boleta electoral, respondió que esa es una postura personal y evitó hacer un comentario adicional afirmado que no hay otro recurso legal en trámite.

Legislar sobre violencia política de género

Sobre los casos de violencia política de género que se han presentado en Puebla, Otálora Malassis consideró urgente que se tipifique como delito electoral para establecer las sanciones aplicables para quienes incurren en agresiones en contra de las mujeres que se encuentra dentro de la política.

La Por tanto, urgió al Congreso de la Unión tipificar este delito tras los homicidios de Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Rabaja Pedro, ambas precandidatas a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, con el fin de que las participantes de la contienda electoral en el país no sean víctimas de este tipo de crímenes.

La presidenta magistrada afirmó que es indispensable que una vez concluido el proceso electoral, los legisladores federales impulsen reformas a la Ley Electoral a fin de considerar como un 'delito penal' la violencia política contra las mujeres con el objetivo de que haya mejores condiciones y garantías de las féminas que participarán en la contienda.

"Es indispensable que ya se apruebe la norma y se tipifique como delito de Violencia Política contra las Mujeres (...) Hemos visto que va en aumento, en Guerrero acaban de asesinar a dos candidatas a cargos de elección popular y es necesario que se den mayores garantías a las mujeres de una participación igualitaria", sentenció.

Sin confrontación con el INE

Al hablar ante los magistrados y consejeros electorales a nivel local, Otálora Malassis dijo entender la necesidad del INE de buscar, dentro su ámbito de competencia, las soluciones y los mecanismos que le permitan salir, relativamente rápido, a dar un resultado aproximado al concluir el desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, subrayó que los jueces electorales deben garantizar que esta función no altere otros principios: “sabemos que el tema de las urnas en la casilla, el día de la jornada electoral, es el fantasma que tenemos en nuestras elecciones”.

“Abrir cada urna, extraer las boletas, revisar que estén bien colocadas, ubicarlas en la urna correspondiente y volver a cerrar; esto, si hay un resultado cómodo entre el primero y segundo lugar no plantea ningún problema. Sin embargo, si el resultado es muy cerrado entre el primero y segundo lugar, podría levantar sospechas, que es uno de los problemas de nuestro sistema electoral”.

Otálora Malassis indicó que no duda que el INE encontrará otra forma de acelerar los resultados, pero de manera que permita equilibrar el derecho de los ciudadanos de conocerlos y el principio de la certeza y autenticidad de la votación emitida por los ciudadanos.

La Magistrada Presidenta dejó en claro que el Tribunal interviene cuando lo solicita un partido político y se pronuncia con base en sus motivos; no puede ir más allá. En ese sentido, aclaró que el TEPJF no puede crear un sistema distinto al que propuso el INE, institución que, como autoridad administrativa, está en posibilidad de encontrar los mecanismos idóneos para garantizar tanto la rapidez de los resultados como los principios de certeza y autenticidad del sufragio.