El Congreso del Estado aprobó en la Comisión de Gobernación la reforma al Código Penal y legalizó el uso del gas pimienta en presentación no mayor a 150 gramos, también los inmovilizadores eléctricos podrán ser portados por cualquier persona sin distingo para su defensa.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, la diputada, Socorro Quezada Tiempo, demandó al fiscal general, Víctor Carrancá Bourget, que informe sobre las investigaciones de los linchamientos ocurridos entre 2017 y 2018. 

Los legisladores, asimismo, aprobaron por mayoría la iniciativa del gobernador, Tony Gali, que se dictaminó y que este viernes será puesta a consideración del plano, por lo cual se convocó a sesión extraordinaria.

Cabe mencionar que la iniciativa de reforma al artículo 179 del Código Penal era con la finalidad de proporcionar a las mujeres herramientas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

“No se consideran armas e instrumentos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a causar la pérdida del conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento cincuenta gramos”, se explicó.

“Tampoco se consideran armas e instrumentos prohibidos los objetos electrónicos que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida”, se ahondó.

Sobre el tema, el diputado local por el sol azteca (PRD), Julián Rendón Tapia, puntualizó que esta reforma es general, por lo tanto, los aparatos citados pueden usarse por hombres y mujeres.

Declaró que dependerá de las autoridades de Puebla implementar programas sociales para que las mujeres aprendan a usar el gas pimientas e inmovilizadores eléctricos. Destacó que el Código Penal establece las sanciones, cuando los mecanismos sean usados para cometer delitos, dejando en claro que la reforma tiene como finalidad brindar apoyos para que las féminas se protejan de hechos delictivos.

Los linchamientos

En la sesión permanente, la diputada, Socorro Quezada Tiempo, presentó un exhorto al fiscal general, Víctor Carrancá Bourget, para que informe de las investigaciones en torno a los linchamientos de personas que han ocurrido en los últimos dos años en Puebla.

Recordó que hubo recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de los hechos ocurridos en Ajalpan donde  dos encuestadores perdieron la vida a manos de la población. 

La otrora perredista, indicó que ahora ocurre en Tlacotepec de Benito Juárez y nuevamente las autoridades municipales y estatales se echan la culpa por los hechos, también en San Simón Yehualtepec.

Expuso que no se puede caer en la barbarie y que la gente diga que se hace justicia por propia mano, ya que nadie tiene el derecho de privar de la vida a un ser humano.

Revisar protocolos: PAN

Mientras tanto, el coordinador de los diputados locales por Acción Nacional (PAN), Francisco Rodríguez Álvarez, señaló que el Instituto Electoral del Estado (IEE) debe revisar los protocolos de actuación de los Consejos Municipales, para evitar casos como en Tlacotepec.

Tras el linchamiento del presidente del Consejo Municipal de Ciudad Serdán, Gaspar Palacios Monterrosas, quien al parecer fue confundido con un ladrón en Tlacotepec, el legislador insistió en que hay que revisar a fondo lo que ocurrió.

Señaló que el organismo electoral tiene sus protocolos, es decir, vestimenta de los consejeros, identificaciones, capacidad para reaccionar ante un problema, así como números de emergencia ante ciertas problemáticas.

“Insisto, hay que hacer una revisión de los protocolos de seguridad a raíz de que la población está tratando de tomar justicia por propia mano; el llamado es a no generar violencia. Cuando pasan los sucesos, siempre hay que tener capacidad de reacción”, abundó.

El diputado local por el PAN consideró que no puede criminalizar al consejero del IEE, hasta agotar todas las líneas de investigación de los hechos ocurridos en Tlacotepec, donde el funcionario perdió la vida.

En Yehualtepec se perpetuó el linchamiento de cuatro presuntos ladrones; en Tochtepec se intentó atentar contra otros sujetos y uno más que se llevó a cabo en la región de Tlacotepec de Benito Juárez.