El diputado priista y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez lamentó que ocho Ayuntamientos hayan permitido concesionar el servicio y tratamiento de la basura, por medio de la empresa Bio-Sinergias Ambientales S.A de C.V., el legislador local aseguró que la renuncia hacerse cargo del servicio de limpia puede tratarse de intereses económicos.

En entrevista, el diputado local lamentó que los presidentes municipales renuncien a ofrecer este servicio, cuando los Ayuntamientos tienen la capacidad para trabajar en el tema y señaló que “sus razones económicas tendrán, ya que se van. Todo negocio, principalmente, de la basura es un negociazo”, apuntó.

Y es que en el Poder Legislativo se avaló la concesión por 30 años a la empresa Bio-Sinergias Ambientales S.A de C.V, para hacerse cargo del servicio de limpia en Mazapiltepec, Nopalucan, Oriental, Lara Grajales, San José Chiapa y Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, en tanto que en Acajete solo es un periodo de 10 años.

PRI vota en contra

Por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), legisladores votaron en contra de que el servicio de limpia en ocho municipios que conforman el polígono de Ciudad Modelo Audi quedará concesionado, pero sus votos no fueron suficientes para impedirlo.

“Eso no puede ser que ellos se quiten facultades cómo es la recolección y el tratamiento de la basura. Yo no sé quién vaya a ser el verdadero beneficiado de todo esto, pero creo que los Ayuntamientos están para dar este tipo de servicios y no quitarse facultades como lo están haciendo hoy”, refirió.

Y es que, los Ayuntamientos, previo acuerdo aprobaron las concesiones y al final turnaron los oficios al Congreso del estado para que consumara esta concesión, que las siguientes administraciones municipales tendrán que pagar.

Concesiones revocables 

El priista también señaló que, de considerarlo, las siguientes administraciones pueden revertir la concesión, pero será facultad de cada municipio, hacer un análisis del costo-beneficio y entonces proceder.

“Lo que hicieron los municipios quitarse esta facultad, quitarse este obligación de brindar este servicio a los habitantes, creo que es un acto que va en contra de la población. Es irresponsable a todas luces, pero si esa petición del Cabildo si no se hace a través de él lo que hace el Congreso es aprobar lo que ellos están solicitando a través del tiempo porque son pasos mayores a su periodo de gestión, los que llegan pueden promover fácilmente el tema para quitar este servicio”, señaló.

Afirmó que se trató de una situación irresponsable, ya que esto mermará los recursos de los municipios de la zona, especialmente cuando en aquellas demarcaciones ya no hay suficient4es ingresos propios, toda vez que varios derechos han pasado a recaudarse por el estado.