El coordinador del grupo legislativo de “Por Puebla al Frente”, Marcelo García Almaguer, anunció que solicitarán la presencia de notarios públicos para que den fe de las sesiones de las principales comisiones en el Congreso del Estado, a fin de defenderse del autoritarismo que existe por parte de los legisladores “barbosistas”.

En entrevista, a una semana de que inició trabajos la LX legislatura, dijo que se aprecia una constante violación a los procesos democráticos que deben existir en un poder legislativo y, ante todo, se ve autoritarismo y falta de voluntad para escuchar la voz de los demás grupos, denunció.

Dijo que el principal problema que se ha presentado en menos de diez días que van de la legislatura es que 22 de los legisladores no han entendido que el proceso electoral para la designación de los diputados ya concluyó, pues el último dictamen que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hizo el pasado 14 de septiembre ajustando una candidatura de “Juntos Haremos Historia”

El también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que en las sesiones de comisiones se ha actuado con prepotencia y sin disposición al diálogo.

Comentó que el pasado viernes por la noche, luego de la atropellada la instalación de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, decidió abandonar el salón pero sobre todo, se dio cuenta de la inexperiencia y el desconocimiento de la normatividad para actuar como lo marca el reglamento interior del Congreso del estado y se da paso a legislar al vapor.

García Almaguer, reveló que ante las acciones que se han suscitado en comisiones se va a pedir la presencia de un notario público en las comisiones que tienen un mayor peso político, como Gobernación, Inspectora, Procuración y Administración de Justicia, Hacienda, Presupuesto, Seguridad Pública.

También se exigirá que se cumpla con el reglamento interno a fin de que exista una versión estenográfica de cada una de las sesiones de comisión.

García Almaguer indicó que pareciera que Morena quiere imponer su verdad, lo cual va en contra de todo proceso democrático en un poder legislativo.

Violan acuerdos

Explicó que el jueves, en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se llegó a un acuerdo verbal para que quien presentara en tribuna la objeción a la designación del encargado de despacho de las Fiscalía General del Estado fuera la diputada Olga Romero Garci Crespo, para favorecer el diálogo en la tribuna.

Precisó que al día siguiente al ver el orden del día, “Juntos Haremos Historia” mantuvo al legislador Héctor Alonso Granados, lo cual generó la molestia de las bancadas del bloque legislativo “Por Puebla al Frente” sin que hubiera la posibilidad de dar los votos que se requerían para la objeción del funcionario. Señaló que lo mismo ha ocurrido con otros temas en los que solo se impone la mayoría, pero no hay un diálogo.

Recordó que ellos votaron por la propuesta de Gabriel Biestro Medinilla para que fuera el presidente de la Junta de Gobierno como una muestra de que hay disposición para llegar a los acuerdos.

Desprotegidos los poblanos

García Almaguer indicó que el pasado 17 de septiembre se dio la muestra de que la bancada de “Por Puebla al Frente” quiere contribuir al trabajo legislativo, pues en la primera sesión se presentó la iniciativa para derogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado.

Reconoció que había una demanda ciudadana de que los diputados la abrogaran y, aun cuando se necesitaba la discusión a fondo del tema, se decidió votar a favor para aprobar la primera iniciativa.

Por la inexperiencia y mayoriteo que hay en el Congreso, advirtió, se ha dejado desprotegidos a los poblanos en caso de que exista un abuso por parte de las instituciones policiales del estado.

Precisó que no se trata solo de derogar una ley, sino de proponer una alternativa y, a una semana, se desconoce cuándo van a presentar otra reglamentación o los protocolos que deben seguir las instituciones de la policía.