Las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia sepultaron la “Ley del Despojo”, que permitió al anterior gobierno expropiar bienes por presunta causa de utilidad pública sin dar el derecho de audiencia previa a los afectados, ya que la autoridad tomaba posesión inmediata.
Con las abstenciones de los diputados Marcelo García Almaguer y Rocío García Olmedo, los diputados integrantes en las comisiones por mayoría votaron la derogación del artículo 5º Bis de la Ley de Expropiaciones del Estado de Puebla, que contemplaba los casos de excepción para poder apropiarse de un bien.
En la anterior legislatura fue el diputado panista Eukid Castañón Herrera quien presentó el documento que facultaba al gobierno del estado a tomar posesión de un bien sin dar la garantía de audiencia previa al afectado.
La aplicación de la llamada “Ley Eukid” o “Ley del Despojo” se aplicó en la exhacienda Tamariz, también se aplicó a los vecinos que se encontraban en lo que hoy es Avenida Las Torres y validó la expropiación del Hospital Guadalupe, donde sacaron a Los Padres Juaninos en la madrugada del 28 de agosto de 2014.
Será el pleno del Congreso el que en la próxima sesión, a celebrarse el lunes 1 de octubre, votarán el documento para terminar con los abusos.
Sesión con Ley Mordaza
En medio de denuncias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por aplicar la “ley mordaza”, con 21 votos a favor 2 abstenciones, 18 en contra fue aprobada la reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal que devuelve a los cabildos la facultad de designar al presidente municipal en caso de una ausencia mayor a 30 días.
Con una discusión de hora y media, los legisladores locales dieron marcha atrás a la reforma de 2015 que permitía al Congreso del Estado la designación del presidente municipal en caso de una ausencia superior a un mes.
Al darse la aprobación, el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica Municipal y devolvió a los Cabildos la facultad para nombrar a su alcalde sustituto en caso que el presidente municipal se ausente de su cargo.
José Juan Espinosa Torres, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), señaló que esta propuesta corrigió la reforma realizada en el año 2015 con la que hicieron “un traje a la medida” para designar un presidente municipal “a modo”.
Señaló que con este cambio, nuevamente los regidores nombrarán al alcalde cuando el titular presente una licencia mayor a 90 días y este funcionario saldrá del Cabildo y no por “un capricho” de quienes ostenten el poder.
En contraparte, el coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, consideró que esta reforma debía ser aprobada pero dejar en claro que el Congreso del Estado podrá intervenir en el nombramiento de un alcalde en caso de ingobernabilidad.
En su exposición de motivos, el diputado Espinosa Torres dejó en claro que el Poder Legislativo mantiene la facultad en caso de ingobernabilidad o un asunto grave al decretar la desaparición de poderes en el Ayuntamiento, por lo que en ningún momento se está violentado los derechos de este Congreso, reiteró.
Por su parte, la diputada Josefina García Hernández, a nombre del Grupo Legislativo del PRI, argumentó que el rechazo a esta Reforma de decreto, se sustenta en el hecho de que esta resolución solo pretende despojar de sus facultades al Congreso, puesto que en el considerando central del cuerpo del dictamen, se establece textualmente:
“Que, sin lógica alguna, el estado de Puebla es la única entidad en el país, donde el Congreso del Estado está facultado para definir a los integrantes de un nivel de gobierno democrático electo”, hecho que la legisladora priista calificó como falso, pues en todas las entidades del país los Congresos están facultados para definir la integración de un gobierno, sea estatal o municipal, pues la propia Constitución Política de Puebla, así lo establece en su artículo 57.
La Ley Mordaza
Por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, advirtió que se estaban dejando lagunas legales y se requería una corrección.
Dijo que los términos en los que actualmente se encontraba la Ley Orgánica Municipal era inconstitucional por lo que era necesario y urgente realizar esta reforma.
García Olmedo solicitó dos veces el uso de la palabra en tribuna, pero en la segunda le fue negada a ella, tanto a su compañero Javier Casique, a lo que advirtió que la bancada del PRI no iba a permitir que se aplicara la Ley Mordaza.
