El protagonismo de los grupos legislativos de “Por Puebla al Frente” y “Juntos Haremos Historia” bloqueó la instalación inmediata de un Centro de Acopio en el Congreso del Estado para apoyar a los damnificados por las lluvias en el estado de Sinaloa, una vez que legisladores de los dos grupos quisieron presumir que de ellos había partido la idea.

Durante la sesión ordinaria en la que se sepultó la Ley de Expropiación exprés y se presentó la reforma constitucional para que los particulares no manejen el servicio de agua, en asuntos generales se bloqueó en dos ocasiones la dispensa del trámite para la instalación de un centro de acopio.

El primero en hacer uso de la palabra dentro de asuntos generales fue Héctor Alonso, señalando la necesidad de que el centro estuviera abierto toda la semana, sin embargo, al llegar la votación los diputados de “Por Puebla al Frente”, así como del Revolucionario Institucional bloquearon la dispensa.

Minutos después subió el coordinador de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, para proponer lo mismo, señalando que había un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación política, pero fue desmentido por José Juan Espinosa y Gabriel Biestro.

Nuevamente, al realizarse la votación la dispensa del trámite fue bloqueada, ahora por los diputados de “Juntos Haremos Historia”.

Los dos oficios se enviaron a la Junta de Gobierno para que se analice si se pondrá el centro de acopio, de aprobarse lo anterior el tema será enviado al pleno para que el miércoles se vote.

José Juan Espinosa ingresa la reforma constitucional

Asimismo, José Juan Espinosa Torres, coordinador del PT, presentó la iniciativa de reforma constitucional para darle entrada a la revocación de la concesión del agua. Esto significa que por ley se niega la participación del sector privado en el servicio del agua potable.

Esta iniciativa consiste en reformar la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, con la que se dará marcha a tras a la concesión del agua y también se prohíbe la privatización de la Seguridad Pública, la cual se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Derechos Humanos y Medio Ambiente. 

Con la modificación, la gestión del agua será publica y sin fines de lucro. Además, se incluirá que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales.

El documento, en su fracción tercera, señala que los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de los servicios y funciones a los que refiere el artículo con excepción a los mencionados en el párrafo anterior, y en los casos a los que se refiere el inciso h) que tiene que ver son la seguridad  pública.

Se incluye dos transitorios, el primero, que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y el segundo, si en los próximos días esta Soberanía aprueba la reforma constitucional, el Cogreso del Estado deberá expedir una nueva ley en la materia en un plazo no mayor a seis meses.

Espinosa Torres manifestó que desde la privatización de este servicio se encareció entre 75 a 380 por ciento el costo del suministro, generando un daño a la economía de las familias poblanas y haciendo del agua un negocio para un particular.

Subrayó que la gestión del agua potable, en caso de aprobarse la reforma, será pública y sin fines de lucro a través de organismos que deberán ser creados por los ayuntamientos en el estado quienes tendrán seis meses para cumplir con este mandato.

“Estamos dando seis meses, para que el ayuntamiento de Puebla, en caso de avalarse la reforma, tengan su operador para la prestación del vital líquido y de manera gratuita”.