Cinco años han pasado desde la represión que sufrieron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y las lágrimas de Elia Tamayo no han dejado de brotar, por la muerte de su hijo José Luis Tlehuatle.
Ahora el clamor es dirigido al gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien le pidió con llanto reabrir el caso y las investigaciones, para fincar responsabilidades.
Este 9 de julio, se cumplió un lustro del ataque de elementos de la Policía Estatal contra pobladores de Chalchihuapan, para extinguir una protesta y el cierre de la autopista Puebla-Atlixco.
Elia Tamayo, acompañada de activistas como Araceli Bautista, inauguró una exposición fotográfica sobre la represión del 9 de julio de 2014.
La muerte, en diciembre de 2018, de Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla y a quien acusan de ser el autor intelectual y principal del ataque, no ha mermado la exigencia de justicia.
También, en los últimos meses falleció el entonces secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, a quien también se le acusó de la represión en su momento.
Y es que aseguran, muchos de los represores siguen libres y sin sanción, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio por concluido el caso.
A cinco años de los hechos, no ha cambiado la postura de que haya cárcel para el entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
Incluso solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reabra la recomendación emitida en 2015, donde comprobó que si hubo violaciones graves de las garantías individuales.
También se anunció que se escribirá un libro en donde se narrarán los hechos tal y como lo vivieron los vecinos de este lugar, con los nombres de los involucrados de este caso.
El clamor
“Qué les puedo decir, extraño demasiado (a José Luis) ya hubo justicia divina”, dijo Elia Tamayo, ataviada con su acostumbrada sudadera rosa ante la prensa, entre lágrimas que no pudo contener.
“Le pido de favor (a Luis Miguel Barbosa), que voltee a ver a todas las personas que lo necesitan, necesitamos justicia, que hagan su trabajo, como prometen”, explicó.
-¿Le pediría que se vuelva a abrir el caso?-
-Pues sí, parece imposible.
“Como siempre dije, exijo justicia y no a la repetición, es lo que yo les pido”, señaló.
Por su parte, Araceli Bautista, madre del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, señaló que no hay ningún responsable del enfrentamiento al que se le siga un proceso legal.
A nombre del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos, pidió a los legisladores emitan un exhorto a la Fiscalía, para que se reabra el caso de Chalchihuapan, porque los responsables como Facundo Rosas, “merecen castigo, merecen la cárcel, dijo.
Subrayó que no puede quedar impune el asesinato del menor durante el enfrentamiento violento protagonizado por policías que accionaron sus armas de disuasión, amparados por la Ley Bala.
Agregó que solicitarán que sean llamados a comparecer ante el Congreso los funcionarios estatales que estuvieron en el cargo cuando sucedieron los hechos.
"Una madre nunca olvida a un hijo, yo lo único que puedo decir es que se haga justicia y estos hechos nunca se vuelvan a repetir", sentenció.
La exposición fotográfica tiene como finalidad recordar los lamentables sucesos ocurridos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
La historia
La tarde del 9 de julio de 2014, pobladores de Chalchihuapan y comunidades aledañas se manifestaron con el cierre de la autopista Atlixcáyotl, en protesta por los cambios a la ley orgánica municipal.
Entre estas reformas, se les quitaron facultades a las juntas auxiliares, por ejemplo de contar con cuerpos de seguridad y de manejar las actas de nacimiento o el registro civil, entre otras.
El enfrentamiento tuvo como saldo decenas de heridos, entre ellos el niño de 13 años de edad. José Luis, quien perdería la vida diez días después, producto de la lesión propinada por una lata de gas arrojada por elementos policíacos.
Asimismo, el hijo de Aracelí Bautista, expresidente auxiliar, Jairo Javier Montes, fue detenido y hecho preso por dos años, que pasó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
