Por unanimidad en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue aprobada la Ley de la Administración Pública Estatal que regirá al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, y donde se establece la transparencia y rendición de cuentas, además del control del gasto.

Durante la sesión de la Comisión, con las diferentes expresiones representadas, incluso los sin partido, se anunció que se modificó el documento que fue presentado por el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Gabriel Biestro Medinilla  indicó que es un ejemplo de que “puede haber consenso", por ello aprobaron por unanimidad la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública propuesta por el gobernador electo Luis Miguel Barbosa.

El presidente de la Junta de Gobierno indicó que  constituye un ejemplo que en el Congreso se puede trabajar en consenso, a la par de que representa "un gran esfuerzo", por parte de las diversas bancadas y los diputados sin partido, para trabajar.

“Esta nueva ley orgánica es el inicio de una nueva etapa. Oí muchas veces con todos los diputados mencionar que es por Puebla, y eso es lo más importante, creo que las leyes así deben de ser: dinámicas, y no deben de dejarse rebasar por la realidad, por las circunstancias, y estamos dando muestra de ello”, expuso.

“En el Congreso, otra vez, de que podemos trabajar bajo acuerdos, cuando se trata de mejorar las cosas”. Dicha ley, expuso, da un enfoque de certidumbre jurídica, equilibrio en funciones, control en gasto y reducción de dispendio, asuntos que, “están en el papel pero se llevarán a la práctica”.

Explicó  que las peticiones de las diversas bancadas fueron más bien de forma y solamente algunas de fondo, con ajustes en su redacción, pues entre otras cosas se solicitó el impulso de los principios del gobierno abierto, o que se actúe conforme al respeto de los derechos humanos.

“Más de un 80 por ciento de las propuestas que hicieron todas las bancadas, fueron tomadas en cuenta”, expuso.

Expresó, con estas modificaciones ya se están dividiendo ciertas secretarias como Finanzas y Administración, o Infraestructura y Transporte, así como Cultura y Turismo, mismas que no dejarán sin empleo a los trabajadores -como acusó la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta-, pues lo que se busca es que se equilibren las nóminas, ya que los ajustes serán en los mandos medios y superiores.

A la Secretaría de la Función Pública (hoy Contraloría) delimitó que las auditorías que practique a las dependencias no invadirán las que practique la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Asimismo se agregó la precisión de que a la Secretaría de Educación le corresponderá resolver el otorgamiento y cancelación de permisos a escuelas privadas, ya que esta función se omitió en el proyecto de ley enviado por el mandatario.

El bloque de Morena, PT y PES también incorporó la coordinación entre la Secretaría del Trabajo y la de Seguridad Pública para “promover programas de capacitación laboral” en los Centros de Reinserción Social (Cereso).

Pendiente revisión de OPD

Reconoció que hay pendientes, como la revisión de los 24 organismos públicos descentralizados creados en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, los cuales podrían desaparecer en algunos casos -unos 10- y en otros “reducirse”, algo que todavía se estudia.

En tanto, Javier Casique, diputado del PRI, refirió que la aprobación de la ley es la forma en que los legisladores pueden “actuar con responsabilidad, para dar certeza y legalidad al gobierno estatal”. En su arenga, agregó que dicha ley, es también ejemplo del “sello particular y del estilo del gobierno” de Barbosa Huerta.

Señaló que dicha ley no limita la comparecencia de los funcionarios sólo para el primer periodo, sino establece la responsabilidad para rendir cuentas cuando se les solicita.

Por su parte, Marcelo García Almaguer señaló que el aprobar esta ley es “un voto de confianza” de los diputados en general y de los diputados sin partido, como es su caso, por lo que en “la medida que el gobierno pueda trabajar de la mano del Legislativo, será para bien de Puebla”.