La diputada Tonantzin Fernández Díaz aseguró que la reforma al artículo 343 del Código Penal del Estado de Puebla no se quedará en la congeladora y anunció que habrá foros de consulta para enriquecer el documento que podría ser la base para la Ley de Protección a Periodistas y activistas sociales, que son perseguidos por expresar sus ideas.
Recordó que el documento se encuentra ya en la Comisión de Procuración de Justicia y se espera que pueda ser analizado en el Primer Período del segundo año legislativo, ya que es una demanda que se tiene por parte de la sociedad, mientras indicó que un avance es la llamada Ley de Indulto recientemente aprobada.
Señaló que en los foros se busca que los periodistas y activistas digan cuál sería otro eje para apoyar el desempeño de su labor, permitiendo el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa.
Habrá fin a la persecución que se vivió durante ocho años en Puebla, ya sea que fueran amenazados o presionarlos, quitándoles los contratos de publicidad que son legales, dijo.
La iniciativa para reformar el código penal, detalló, es para salvaguardar los derechos de periodistas y activistas sociales no en lo que resta del sexenio, ya que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respeta y respetará la libertad de expresión, sino para el futuro ya que pudieran retornar gobiernos a los que les incomoda la crítica.
Indicó que lo que se busca es que no sea una ley de escritorio como se hacía en el pasado, sino que se escuche realmente a quienes corren riesgos por informar, siendo un grupo importante el de los fotógrafos, quienes deben de estar en el “frente de batalla” corriendo un serio riesgo, sobre todo en zonas conflictivas donde sus imágenes le son incómodas a algunas autoridades y grupos de poder.
Fernández Díaz Dijo que en los foros se podría incluir el tema de la secrecía de la fuente que es una demanda de los periodistas, ya que en ocasiones para no poner en riesgo al declarante omiten su nombre, e indicó que en éste aspecto lo que se pediría es que la nota vaya firmada por un reportero real, además de que respete la vida privada de las personas.
La reforma
Recordó que el documento que se presentó primero ante la comisión permanente que lo turno a Administración y Procuración de Justicia, establece:
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la sección décima del capítulo décimo quinto del Código Penal del Estado de Puebla, la cual incluye los artículos 343 Nonies, 343 Decies, 343 Undecies, así como el artículo 7 bis la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla en materia de Protección a Periodistas y Activistas Sociales, en virtud de los mimos deberán quedar de la siguiente manera:
Artículo 343 Nonies.- Se configura el delito de homicidio contra periodistas y activistas sociales, al que prive de la vida a otro, por los siguientes motivos:
V. Vocación profesional relacionada a la manifestación de sus ideas.
VI. Manifestación de ideas inclusive si el sujeto pasivo lo hiciera eventualmente.
VII. Por un posicionamiento social o político.
VIII. Por actos que tengan como causa sus convicciones ideológicas, religiosas, creencias o de libre expresión.
Artículo 343 Decies.- De la conducta penal descrita en el artículo anterior debe quedar probado que la acción que desencadeno dicho resultado fue única y exclusivamente en razón de la misma, puesto que si existiera otra causa o motivo, se sancionará como delito de homicidio descrito en el artículo 308.
Artículo 343 Undecies.- Del delito descrito en el artículo anterior, se impondrá prisión de quince a treinta años prisión y multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario.
Los activistas
Tonantzin Fernández señaló que se debe de tomar en cuenta que la vocación de un legislador es recoger los clamores por los cuales han atravesado sus representados y que precisamente en el Estado de Puebla, en administraciones pasadas, surgieron varias violaciones a los derechos humanos muy notables, como el caso de Chalchihuapan, “una atrocidad que no estoy dispuesta a que se vuelva a dar en este estado”.
“No es posible considerar que la fuerza del estado este siendo usada contra los propios activistas, por ello estas reformas buscan que tanto particulares como el Estado respeten dicho derecho de expresar ideas, que el mismo no encuentre limites en amenazas, en lesiones o hasta homicidio a los mismos”, agregó la diputada local.
Precisó que dicha protección no podría estar en específico si la instancia encargada de la investigación de los delitos no cuenta con las suficientes herramientas para ello, en virtud de lo mismo en dicha iniciativa se plantea en que se reformen diversos artículos en el Código Penal del Estado de Puebla, pero también dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.