Ejidatarios de Santa Cruz Coyotepec, en San Juan Atenco, pidieron al gobernador Miguel Barbosa, intervenga para que esta zona sea declarada como reserva natural, pues acusaron que la empresa Ferrosur pretende realizar “proyectos de muerte”, pues aquí se ubica una de las cuencas hidrológicas más importantes del país.

La empresa compró 10 de 540 hectáreas de cultivo, por lo que los 79 ejidatarios rechazan firmar documentación para vender más tierra y para que en esta zona se ejecuten proyectos que pongan en riesgo el medio ambiente.

“Lo que nos quieren quitar es el agua. El temor que tenemos es que nos pongan granjas, que perforen pozos o que nos pongan molinos, es lo que no queremos y además esto nos afecta en la inseguridad, porque si ponen un patio de maniobras es la inseguridad, nos afecta para pasar al cerro, que es de uso común porque nos pondrían como 10 vías y nosotros tenemos potreros de cultivo y eso cómo lo trabajaríamos, nos afectan un camino de uso común y en el agua”, explicó Daniel Estevez Aburto, uno de los afectados.

Los quejosos fueron atendidos por el gobernador Miguel Barbosa, por lo que uno de los acuerdos es que se revise este asunto, que consiste en documentos y supuestos permisos que tiene la empresa.

“Que no queremos ningún proyecto para Santa Cruz Coyotepec, queremos que nos declare como reserva natural para que no tengamos ningún tipo de proyecto, sea de granja, de Ferrosur, sea de un aeropuerto, no queremos nada, solo queremos que nos declare como reserva natural”, dijo uno de los quejosos.

En esta comunidad, dijo, se siembra el maíz, haba, cebada, además de que los habitantes se dedican a la crianza de animales.

Exigen justicia para Gizéh Castelán

Por otra parte, Vicente Castelán Castro, exigió justicia en el caso del feminicidio cometido en octubre de 2016 en contra de su hija, Gizéh Castelán Castro, quien al salir de su trabajo cuatro hombres la secuestraron para después asesinarla a 30 puñaladas.

De este feminicidio hubo cuatro detenidos dos de ellos confesos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Gilberto Higuera Bernal, intenta que se concrete el “perdón moral” y con ello se reduzca la sentencia a los feminicidas y que no paguen el daño ocasionado.

Fue el año pasado cuando el padre de Gizéh acudió a Casa Aguayo y el gobernador giró instrucciones para que el área jurídica analizará el caso; sin embargo, el afectado acusó que personal tanto de la FGE como de la Consejería Jurídica no han dado seguimiento a esta instrucción del mandatario local.

Con una lona que contenía la imagen de la mujer asesinada y con la leyenda de justicia, el padre de la víctima y sus familiares acudieron a Casa Aguayo, donde exigieron ser atendidos nuevamente por el gobernador.