El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, anunció que ante las presuntas irregularidades detectadas en la revisión de las anteriores administraciones, se amplió  a 45 obras que están siendo revisadas, que presuntamente fueron cobradas con facturas falsas y que podrían representar un quebranto por 757 millones de pesos.

Al acudir a una sesión de trabajo en el Congreso del Estado, el auditor en entrevista, señaló que los proyectos de infraestructura que se sumaron al proceso de auditoría fueron realizados por el Comité Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).

Advirtió que en lo que va de este proceso se tienen detectadas 24 empresas fantasma que presuntamente fueron responsables de la construcción de inmuebles pero que en una revisión ocular se comprobó que no existen en el domicilio fiscal reportado.

“Ampliamos el espectro de revisión a 45 obras, no solamente 17, las cuales se encuentran en un proceso muy minucioso de revisión sobre todo las que fueron llevadas a cabo por el CAPCEE y también algunas llevadas a cabo por el CEASPUE en los años 2017 y 2018 (...) Hay 24 empresas que no encontramos que ordené la inspección ocular y que tenemos evidencia fotográfica que no aparecen. Son temas relacionados con facturas falsas”. 

Romero Serrano enfatizó que este asunto es muy serio y se requiere tener las pruebas que sustenten los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos del PAN para iniciar los procesos correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables del daño patrimonial generado al Estado.

El funcionario explicó que técnicamente no existe un proceso de reapertura de las cuentas ya aprobadas y explicó que el concepto no se encuentra contemplado en la ley, pero si establece que bajo efectos casuísticos algunos aspectos de las cuentas públicas aún ya aprobadas se pueden volver a revisar y si se van a llevar algunas revisiones sobre efectos aislados.

Explicó que son sobre denuncias que se han estado recibiendo al interior de la Auditoría Superior, sobre todo de los propios trabajadores de algunas unidades de gobiernos anteriores que denunciaron hechos de corrupción.

Insistió en que por ello no se puede hablar de una apertura general, y explicó que los efectos legales para la revisión los da la propia ley que habla que bajo efectos casuísticos si se puede revisar aún aprobada la cuenta pública.

“Se van a tomar datos de efectos específicos para hacer la revisión, y la mayoría de los casos de corrupción que han sido denunciados, son por compras a través de facturas apócrifas”.

Romero Serrano advirtió que de encontrarse una responsabilidad por parte de los ex funcionarios, correspondería la sanción ante el delito fiscal que se cometió, e indicó que se sigue teniendo responsabilidad ya que el período de prescripción es de cinco años contados  a partir de que se cometió por última vez la conducta dolosa.

Hay más de cien las denuncias que se han presentado, pero aclaró que él no puede hace cierto tipo de afirmaciones sobre los responsables.

Explicó que por la magnitud de las obras se requiere tiempo, pero ya se está trabajando con ingenieros para la revisión de la calidad de las misma, entre ellas se encuentran las ciclovías que se construyeron.

Sostuvo que al final el compromiso es que se conozca la verdad, y si las cosas se hicieron bien se dirá, pero si se hicieron mal se señalará y se pedirá que se finquen responsabilidades.