El secretario de salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, tendrá que dotar de insumos médicos al personal sanitario del Hospital General Zona Norte de Puebla, luego que un juez de distrito concedió un amparo a los galenos.

En el registro 494/2020 del Juzgado Octavo de Distrito se asentó que la falta de insumos médicos, la carencia de Equipos de Protección Personal (EPP) y la ausente adecuación de espacios para atender a los pacientes con la Covid-19; son un riesgo contra la salud del personal sanitario que labora en dicho nosocomio.

“Se estima necesario precisar que los actos reclamados impactan en su derecho a la salud y a la postre en el derecho a la vida, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo”, señala el oficio del cual Intolerancia Diario tiene una copia.

La lista es larga. Los médicos del Hospital General del Norte solicitaron, entre otras cosas, la separación de espacios para atender a personas contagiadas por el Coronavirus, la contratación de dos pediatras y todos los insumos necesarios para el EPP en “los tamaños y cantidades necesarias”.

Entre los insumos médicos que deberán entregar al personal médico se encuentran: gorros quirúrgicos, pantalla, mascarillas, googles cerrados, pijama quirúrgica, bata impermeable, cubre bata impermeable, guantes de látex quirúrgicos, calzado exclusivo para el quirófano, botas impermeables, overoles con capucha integrada de tela microporosa y guantes de látex que lleguen a los codos.

También: desinfectantes en aerosol, despachadores de gel antibacterial, toallas de papel, tomas de succión cerradas o con filtros virales y cajas de acrílico (para adultos y pediátricas).

En la solicitud, los galenos recordaron que: “De todo el Equipo de Protección Personal se necesita 1 EPP para cada una de las 4 personas que participan en cada procedimiento. Mismos que deberán ser desechados después de cada procedimiento”.

El pasado 23 de marzo, los trabajadores del Hospital General Zona Norte protestaron por la falta de insumos. El gobierno de Puebla había anunciado que al tratarse de un nosocomio que no atiende exclusivamente a pacientes con la Covid-19, no tendrían prioridad en la entrega de EPP.

A la falta de material, el sanatorio también trabaja con menos personal que el de costumbre. Varios trabajadores fueron puestos en cuarentena tras atender a pacientes sospechosos de coronavirus.  

Dan 24 horas  

En el documento también se advierte que se trata de una resolución urgente, por ello se exige que un plazo máximo de 24 horas, después de la notificación, el secretario de salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez rinda un informe sobre las acciones que emprenderá para cumplir con el mandato, de negarse podría ser acreedor a sanciones que podrían llevarlo a la cárcel.

“En el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad (…) con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido se tramitará el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción (…) que imponen incluso penas privativas de la libertad e inhabilitación”, señala el oficio fechado a 14 de abril de 2020, en San Andrés Cholula, Puebla.

Ese primer informe deberá ser acompañado de acciones. En 14 días más, las autoridades de salud estatal deberán presentar un segundo reporte sobre el avance en el cumplimiento de la entrega del equipo de protección para los médicos o en su defecto las razones por las cuales se incumplió el mandato.

En este “Informe Justificado”, Jorge Humberto Uribe, deberá ser preciso pues en caso de mentir o falsear las declaraciones, caería en un delito que se sancionaría con “una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización (…) más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.

Reclamaron omisión

Entre los dos puntos que reclamaron los médicos, el primero fue: “La omisión de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-COV2 o COVID-19, entre el personal médico que atiende a pacientes catalogados como sospechosos y confirmados con el referido virus”.

Ante ello, el mandato judicial también concedió a los médicos que se realicen entrenamientos teóricos-prácticos sobre las medidas de prevención de contagios, la manera de utilizar correctamente los EPP, la forma adecuada para retirar los mismos Equipos de Protección Personal y pláticas o estrategias para sensibilizar a todos los profesionales involucrados (administrativos, paramédicos, personal de atención, intendencia y lavandería) sobre el uso y manejo adecuado de los insumos.