Castigo de tres a seis años de prisión propone el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a quien cometa actos de discriminación en contra de personal médico durante una emergencia sanitaria; por ejemplo, como la que se vive actualmente producto del Covid-19; sin embargo, estos castigos podrían incrementarse si es que se comenten otros delitos en su contra.

El documento al que tuvo acceso Intolerancia Diario, se trata de una reforma al Código Penal que envió el mandatario local al Poder Legislativo que pretende adicionar el cuarto párrafo del artículo 357 y el artículo 438 Bis, documentos que este miércoles ingresarán a la sesión de la Comisión Permanente y que se prevé sean aprobados al arranque del tercer periodo ordinario de sesiones, la siguiente semana.

En este sentido, la propuesta de reforma al artículo 357 señala que “cuando la conducta sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementará de tres a seis años”, cita el documento.

Además, se aumenta el artículo 438 Bis, el que señala que “tratándose de delitos cometidos en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia, que en ejercicio de sus funciones o derivado de las mismas, durante del periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos”, se señala.

Si bien, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha reiterado que en la entidad no se han registrado casos graves de agresión y de discriminación en contra de médicos y enfermeras como en otras entidades, en el documento expresa que tiene la obligación de brindar protección al personal médico y proteger sus derechos humanos.

“Debe ser protegida junto con sus bienes jurídicos tutelados sobre todo para las personas que en la situación actual se encuentren ejerciendo sus funciones para combatir el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto el Gobierno del Estado, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, la discriminación a este sector, es una acción que debe ser prevenida y evitada, en virtud que sus funciones son de orden público y de interés social”, se señala.