Al sostener una reunión de trabajo con la a Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, reconoció que de las 16 sentencias por feminicidio, los jueces tuvieron que reclasificar cuatro de ellas por no tener elementos para señalarlas como tal.
En la mesa de trabajo, que se llevó a cabo de manera virtual, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho reiteró el compromiso para continuar con las acciones coordinadas entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los diferentes sectores de la sociedad, a favor de las y los poblanos.
La legisladora puntualizó que, como representantes populares, es necesario promover que se informe y se conozcan las acciones generales implementadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como las medidas implementadas ante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Dentro de la mesa, el magistrado presidente reveló que cuatro de las 16 sentencias dictadas por feminicidio en Puebla fueron reclasificadas porque no encuadraron en homicidio por razón de género.
Asimismo, informó que en lo que va de la contingencia sanitaria, el TSJ ha girado cinco medidas de protección por violencia de género.
Referente a los crímenes en contra de mujeres, explicó que a la fecha han sido sentenciados 16 presuntos feminicidas, sin embargo, cinco casos se encuentran en apelación por parte de los presuntos responsables y otras cuatro fueron determinadas como sentencias absolutorias.
Subrayó que cuatro casos se reclasificaron dos como homicidio, un homicidio sin confesional y una en grado de tentativa, de acuerdo con el análisis realizado por los magistrados del TSJ.
“De las 16 sentencias emitidas en su conjunto se advierte que tenemos 12 condenatorias y cuatro absolutorias, de las 12 condenatorias siete están ejecutoriadas y cinco en apelación y de estas 12 sentencias condenatorias cuatro han sido reclasificadas”.
Por otra parte, Sánchez Sánchez dio a conocer que durante la emergencia sanitaria tienen registrados 19 casos de personal positivo a Covid-19, de los cuales 11 están activos y cinco recuperados, así como 8 casos sospechosos y desafortunadamente tres fallecidos.
Cuestionado sobre la posibilidad de crear un Juzgado Especializado en Género para garantizar los derechos humanos, así como el acceso de las mujeres a la justicia, respondió que este tema requiere de un análisis profundo porque la violencia se presenta en diversos escenarios no solo en materia penal sino civil y laboral.
Durante esta reunión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoció el espacio de colaboración y diálogo del Poder Legislativo para dar a conocer a la ciudadanía las tareas que se llevan a cabo en el Poder Judicial.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Olga Lucia Romero Garci-Crespo reconoció las medidas realizadas para no paralizar por completo las actividades de los Poderes del Estado ante la contingencia sanitaria, y cuestionó al presidente del Tribunal sobre la coordinación interinstitucional de jueces con la Secretaría de Seguridad Pública y el número de emergencia 911 para la atención de casos de violencia de mujeres, niñas y niños de la entidad.
En su intervención, la diputada Mónica Lara Chávez preguntó al magistrado si se cuenta con el personal y las herramientas necesarias para la recepción de demandas en todas las materias y la notificación de sentencias a través de medios de comunicación y electrónicos.
Por su parte, la diputada Rocío García Olmedo interrogó sobre la prospectiva del Tribunal Superior de Justicia ante la incertidumbre sobre el regreso a la nueva normalidad, así como la valoración de crear un Juzgado Especializado en Género, debido al incremento de los índices de violencia en contra de mujeres en Puebla.
En su momento, el diputado Marcelo García Almaguer celebró el encuentro entre Poderes que permite pasar del ejercicio aislado a las actividades coordinadas, y reconoció el trabajo del Tribunal Superior de Justicia para digitalizar la impartición de Justicia, la implementación de mecanismos alternos de solución de controversias a distancia y presentación de demandas, así como de la aprobación del Tribunal Virtual.
El diputado Carlos Alberto Morales Álvarez cuestionó sobre los alcances legales en cuanto a la suspensión de actividades del Tribunal Superior de Justicia relacionados con los términos fatales, así como la necesidad presupuestal del Poder Judicial para los objetivos proyectados para el 2021.
El magistrado puntualizó que ante la contingencia sanitaria, el Tribunal Superior de Justicia acordó la continuidad de actividades, ponderando el derecho a la vida, a la salud y el acceso a la justicia de las y los ciudadanos, por lo que se acordó que aun cuando se suspendían términos y plazos e incluso el desahogo de algunas audiencias, dejó en claro la excepción de esta suspensión de los asuntos urgentes en materia penal, en donde se cuente con un plazo constitucional y todo lo que corresponda a la libertad personal, así como lo relacionado con las órdenes de protección, tanto en materia penal como familiar y los casos urgentes que involucren a niñas, niños y adolescentes.
