El diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Carvajal Hidalgo, presentó una iniciativa de reforma para frenar la rescisión “unilateral” de contratos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y evitar los desalojos que han llegado a presentarse. 

En rueda de prensa en línea, señaló que hasta antes del cambio de gobierno federal personal de la institución, en contubernio con jueces,  estaba revocando a los acreditados, con adeudos, sus contratos promoviendo juicios masivos en “fast track”, pero sin realizar una notificación oficial para recuperar la vivienda.  

Subrayó que en ocasiones estos juicios se realizaban en entidades diferentes para que el deudor no tuviera conocimiento de la situación hasta que se consumara el proceso y se quitara la propiedad, para volverla a adjudicar lo que era una violación al debido proceso.  

“Antes de rescindir el contrato se le de vista al deudor ante el juez, es decir, se lleve un procedimiento jurisdiccional en un juzgado y el deudor pueda defenderse e inclusive llegar a una negociación futura con el Infonavit”.  

Carvajal Hidalgo refirió que se están integrando frentes ciudadanos para la defensa del patrimonio de los trabajadores ante estos abusos así como la presencia de presuntos “gestores” de Infonavit que están despojando de sus viviendas a los deudores de un crédito. 

Por la reestructura 

El legislador insistió en que se requiere un plan de reestructura integral del Infonavit para evitar que la gente pierda su patrimonio y que el organismo no quiebre, ya que no recibe un presupuesto federal como otras instituciones de Seguridad Social. 

Reiteró que durante casi nueve años se mantuvo el terrorismo de cobranza fomentado por despachos desde la Ciudad de México, a partir del gobierno de Felipe Calderón, que llevaron a cabo juicios masivos sin notificar al derechohabiente de que podría perder su casa. 

Uno de los despachos que incurrió en dicha práctica se presume fue Muñoz y Asociados, el cual no informa al derechohabiente su domicilio fiscal para ser notificado, solo opera con números telefónicos y se presume que su sede podía estar en la ciudad de León, Guanajuato. 

Explicó que en Puebla hubo  19,334 casas recuperadas de 2014 a 2018, y más de seiscientos mil juicios a nivel nacional que están en diversas etapas. 

Dijo que eran despachos de cobranza judicial aprobados por las oficinas centrales, y hay 974 juicios masivos que afectaron a más de 162 mil personas. 

El secretario de la comisión de vivienda precisó que las delegaciones en los estados han cumplido con su trabajo y tratan de dar opciones al derechohabiente para que no pierda su vivienda con una reestructura. 

Explicó que actualmente se encuentran suspendidos los juicios de desalojo, pero se tendrán que analizar la situación para que la gente pague y no pierda su propiedad, ya que no se les puede regalar porque puede quebrar al instituto. 

Dispararon las tasas 

El legislador expuso que en el Infonavit hay una historia de contraste, comienza en el año de 1972, y la tasa era prácticamente tasa cero o del 3 por ciento, lo que permitía como trabajador pagar una vivienda en 10 o 20 años,  eran viviendas familiares, La Margarita, Amalucan, o la Rivera Anaya que siguen de pie sin fracturarse por los sismos, eran bien  hechas. 

“Lamentablemente ya en el gobierno de Vicente Fox se mercantiliza el instituto y se comienzan a generar miles de unidades habitacionales, los particulares vendían a particulares, Infonavit pagaba, y se genera una mayor cobertura que era necesaria por el crecimiento demográfico de las ciudades donde se concentra el 70 por ciento de la población”. 

“La calidad de la vivienda fue el problema, En muchos casos se construyeron cientos de fraccionamientos que no tenían las condiciones de habitabilidad sobre todo en el norte y centro del país que no tenían agua, o que los pozos se iban a agotar y no lo dijeron, que estaban lejos de las unidades de producción, de las ciudades”. 

Dijo que el problema de la cartera vencida por el problema de Veces Salarios Mínimos la cartera vigente 3 millones 682 mil se encuentran en este esquema que inició en 1987 y que reciben ajustes anuales de acuerdo al salario mínimo y a partir de 2016 en UMAS 

“En algunos casos como en 1997 llegaron a ser incrementos hasta de 120, en 2011 llegan al 30, y actualmente son del 19 al 20 por ciento” .