El decreto para asumir el control de la seguridad en Puebla capital sigue vigente, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que ha propinado reveses en sus acciones jurídicas al Ayuntamiento encabezado por Claudia Rivera Vivanco, quien se niega a que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la seguridad.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que prácticamente es la administración pública estatal la que todos los días actúa en contra de los delincuentes en la capital, en donde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha atrapado a “peces gordos”; por ejemplo, en las casonas ubicadas en el Centro Histórico.
Ante una nueva negativa de suspensión provisional de la SCJN a la acción jurídica promovida por Rivera Vivanco, el mandatario local puntualizó que el “el decreto es vigente, aplicable, hubo el gran escándalo, la victimización cuando teníamos un acuerdo, un día permanecieron declaraciones de que no había habido ningún acuerdo, pero eso ya es historia y, hoy podemos asumir la seguridad pública en el municipio porque mi decreto es vigente y ejecutable”, sentenció.
El gobernador señaló que la Policía Municipal a cargo de Lourdes Rosales está rebasada, pues se presume que los elementos de seguridad están coludidos con la delincuencia, “está muy desviada en su ejercicio de sus funciones, no diré más hay una percepción muy mala”, dijo.
A partir del miércoles, la Sedena, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizan operativos para combatir delitos del fuero común, entre ellos el robo de vehículos y los asaltos en el transporte público.
El jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que el reto de su gobierno es acabar con la corrupción y devolver la seguridad a las y los ciudadanos, la que se perdió con el incremento de delitos, especialmente en los gobiernos panistas.
