El gobierno del estado interpuso denuncias contra exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, bajo el mando de Guillermo Aréchiga Santamaría. Sin mencionar contra quienes son las investigaciones, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que en la primera etapa de su gobierno se cometieron irregularidades en la dependencia, que se están subsanando a partir de la llegada de Elsa Bracamonte González.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo estatal anunció además que en los siguientes días se reunirá con los concesionarios de las diferentes rutas del transporte público en el estado, con el objetivo de avanzar y acordar la modernización de unidades, pues dijo que ese fue el compromiso adquirido en 2019 y se debe cumplir.

“Sí lo estamos revisando con la titular de la Secretaría de Movilidad, tengo una reunión el miércoles con los concesionarios, con todos los concesionarios, vamos a encontrarnos y vamos a platicar de todo, esto es una etapa; las nuevas personas que están en la Secretaría de Movilidad es gente honrada, gente decente". 

"Son personas que quieren hacer bien su trabajo, venimos de una etapa oscura de lo que fue el manejo en la Secretaría de Movilidad, siempre ha sido oscura, pero esta parte de mi gobierno lo fue y no iba a dejar que eso siguiera,  espere un tiempo para ver si cambiaban las cosas, pero no, en lugar de cambiar se recrudecieron y hay hasta denuncias penales, se los digo, hasta denuncias penales”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

La salida de Guillermo Aréchiga Santamaría fue sorpresiva, incluso llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con el objetivo de que no se sacara documentación que corresponde a la dependencia estatal y de esta forma avanzar en las investigaciones, lo mismo ocurrió con otros funcionarios.

El contexto

Fue en 2019 cuando se firmó un acuerdo y se publicó un decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con el objetivo de que los 14 mil concesionarios del transporte público renovarán el parque vehicular, además de que instalarán cámaras y botones de pánico en sus unidades, pero este acuerdo se incumplió.

La tarea fue encomendada a Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fue titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y es que los concesionarios se comprometieron a la modernización del transporte y a cambio pidieron aumento en las tarifas del transporte público.

Las cámaras y botones de pánico debían ser conectadas al C5, con el objetivo de que las autoridades actuaran en el caso de asaltos o alguna otra emergencia, esto ante la constante demanda de las y los ciudadanos, con respecto a temas de seguridad.

La consulta popular

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, convocó a las y los ciudadanos a participar en la consulta popular con respecto al enjuiciamiento de los expresidentes de México, pues dijo que es un derecho.

Sin embargo, dejó claro que esta consulta es para conocer la opinión de las y los ciudadanos, pero su resultado no va a determinar los procedimientos judiciales, pues eso es otro tema que en su caso deben seguir las autoridades federales.

“Llamo a participar porque es la posición de los ciudadanos frente a un hecho que sí ha lastimado a nuestra sociedad, sí ha lastimado, que participen, sí con toda normalidad, con plena conciencia exprésense; esta consulta y su resultado no va a determinar que los procedimientos judiciales se hagan procedentes o no, eso es otra cosa".

"Puede haber delitos hasta prescritos, otros no, como la traición a la Patria en todo caso, pero ya decretada esta consulta participen, exhorto a que participen, los que deseen y ojala que sea una participación abundante”, dijo el mandatario estatal.

Finalmente, en otro tema, reiteró que se reunirá con la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para acordar estrategias de seguridad que beneficien a ambas entidades.