Ante el abandono, discriminación y abusos que sufren personas de la tercera edad en Puebla, el Congreso del Estado aprobará reformas a la Ley de Protección para Adultos Mayores, con lo cual se les dará acompañamiento legal.
Durante la sesión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se explicó que el objetivo es conferir al Sistema Estatal DIF la atribución de promover y gestionar el otorgamiento de descuentos y trámites notariales para las personas adultas mayores que acrediten incapacidad económica.
Además, se busca establecer que el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia proporcionen asesoría e información adecuada para que este sector de la población pueda realizar sus trámites de jubilación y reciba orientación y capacitación para tener la nutrición e higiene adecuada, señaló la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, María del Carmen Saavedra Fernández.
En sus participaciones, el dictamen fue apoyado por las diputadas Mónica Lara Chávez, Cristina Tello Rosas y Bárbara Morán Añorve, así como por el legislador Valentín Medel Hernández, quienes coincidieron en la importancia de promover los derechos de las personas adultas mayores, propiciando condiciones favorables para que obtengan apoyo familiar, social e institucional a través de cuerpos normativos y de llamados a las autoridades.
Asimismo se propuso promover y aprobar iniciativas que garanticen sus derechos y las condiciones necesarias para mantener su salud y bienestar, evitando que sean víctimas de discriminación, violencia, abandono, exclusión y soledad.
El dictamen fue conformado a través del método de acumulación de iniciativas, con las propuestas legislativas de los diputados: Miguel Trujillo de Ita, Emilio Maurer Espinosa y Jonathan Collantes Cabañas.
En la argumentación se destacó, de acuerdo con estudios en Puebla, que existen más de 514 mil ancianos, que representan el 3.1 por ciento de la población y, desafortunadamente, uno de cada seis ha sufrido algún tipo de abuso, violencia o discriminación.
Asimismo el 11.6 por ciento ha sido víctima de maltrato psicológico, 2.6 por ciento violencia física, 6.8 por ciento abuso financiero, 4.2 por ciento negligencia y 0.9 por ciento abuso sexual.
“Las reformas a la Ley de Protección de las Personas Adultas Mayores tienen como objeto principal velar por los derechos de las personas adultas mayores, salvaguardar su integridad así como reconocer la obligación que tiene su familia de proporcionarles alimentos, fomentar la convivencia familiar y cubrir sus necesidades emocionales, psicoafectivas, protección y apoyo”.
Estas adecuaciones en la ley permitirán ir inhibiendo estos abusos porque ahora las personas que tengan conocimiento de maltrato a una persona adulta mayor estarán obligadas a denunciar ante las autoridades y sus familiares deberán ser responsables de proporcionar alimentos y cubrir sus necesidades básicas.
Las reformas propuestas, buscan garantizar los derechos y la implementación de programas, así como políticas sociales para quienes integran los denominados grupos vulnerables, además de evitar la discriminación laboral, familiar, psicológica, financiera y abuso sexual, las cuales a largo plazo dejan secuelas graves en las personas que son víctimas.
