El Congreso de Puebla dio lectura del dictamen de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado sobre el análisis del Informe Individual del Poder Ejecutivo, correspondiente al periodo 2019, sin que haya un señalamiento de presuntas irregularidades, además, siete expresidentes municipales podrían ser denunciados penalmente por daño patrimonial.
Tras presentarse en la sesión ordinaria el informe de la cuenta pública del gobierno de Puebla 2019, que incluye los periodos de Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta, la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, señaló que el documento que contiene la información financiera y ejecución de recursos públicos fue entregado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Poder Legislativo.
Expresó que ahora los diputados revisarán esta información y las observaciones por 3 mil 200 millones de pesos que se reportaron, aunque rechazó las versiones periodísticas que señalaron que estas posibles irregularidades correspondan al actual gobernador de Puebla.
“Las observaciones encontradas en la revisión del informe individual de resultados de fiscalización no corresponden al actual titular del Poder Ejecutivo Estatal […] Compañeros y compañeras no debemos caer y creer en notas periodísticas tendenciosas que confunden a los ciudadanos”.
A su vez, en la sesión se dio cuenta con la Resolución de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades de 49 sujetos de revisión, de los cuales, a pesar de haber prescrito por ser cuentas anteriores a la ley de 2017, siete expresidentes municipales podrían ser sujetos a la acción de la justicia penal en caso de que se presente de parte de la Auditoría Superior, una denuncia penal.
En el caso de San Jerónimo Tecuanipan, se explicó que el expresidente municipal de los periodos 2003 y 2012, fue asesinado en el norte del país hace cuatro años, por lo que aún no se determina si se llevará a cabo una investigación.
Los expresidentes municipales que podrían ser sujetos a la acción penal, son de los municipios de Altepexi, Atzitzintla, Zapotitlán de Méndez, Huaquechula, Tzoquiapan, además del director del Tecnológico de Atlixco.
A su vez, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, aseguró que revisarán minuciosamente la información financiera de la administración estatal.