El diputado por el Partido de Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, pidió reformar la Ley de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Fiscalía Especializada que investigue los casos de maltrato animal, así como los delitos contra el medio ambiente.
El legislador señaló que la iniciativa ya se entregó al Congreso, una vez que no existe una instancia para investigar y sancionar delitos en el estado.
Reiteró que ante lo limitado del presupuesto no se podría crear la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Puebla, ya que se requeriría de mayor infraestructura, por ello la propuesta es una fiscalía especializada dependiente de la Fiscalía General del Estado.
Indicó que con ello la inversión que se tendría que hacer es menor, y mediante una planeación se podrá contar con el personal capacitado que pueda perseguir ese tipo de delitos.
Recordó los 38 casos de maltrato que se tienen denunciados aunque el número de agresiones contra los animales es mayor, apenas el pasado miércoles se llevó a cabo la primer audiencia para determinar la responsabilidad de una persona acusada de cometer éste tipo de delitos.
Natale Uranga comentó que al contar con la fiscalía especializada es posible que el número de denuncias se incremente.
Recordó el hecho ocurrido en febrero de 2020 tras la matanza de sesenta perros en Canoa, donde las autoridades municipales presuntamente no presentaron la denuncia penal a pesar de que se trata de un delito de acuerdo a las modificaciones que se hicieron al Código Penal del Estado de Puebla en 2013, en los que se aprobó prisión hasta por cuatro años a quienes provoquen sufrimiento a un animal.
La LVIII Legislatura aprobó el 25 de julio de 2013 una serie de reformas para castigar con cárcel a quien cometa el maltrato animal, pero además se precisa que las corridas de toros son legales y no entran dentro del llamado maltrato animal, lo mismo sucederá con la charrería y las peleas de gallos.
Esta reforma establece que al que realice acciones con la intención de ocasionar dolor, estrés o tormento, que afecten gravemente la salud o bienestar y que provoquen lesiones que no pongan en peligro su vida, se le impondrán de seis meses a 2 años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario.
De igual forma, constituye que si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, y si los actos de maltrato o crueldad provocan su muerte, se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo. Adicionalmente, se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, a la persona que organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin apuesta, o las permita en su propiedad.
