La diputada federal Ana Teresa Aranda, presentó la iniciativa contra la fabricación de delitos, la persecución penal selectiva y la violación sistemática del debido proceso y la presunción de inocencia.

Indicó que el titular de la FGR, Gertz Manero se ha convertido en el jefe del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto al señalar que ha cometido irregularidades, y violaciones a los derechos humanos.

Indicó que ella estuvo de cerca del proceso de Alejandra Cuevas, y ahora se acercó la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel.

En éste último caso, aseguró que también se aprecia la mano del fiscal, al señalar que el proceso de la exfuncionaria se debe llevar en libertad, porque el delito del que la acusan “no haber avisado a sus superiores, no es para que esté mil días en la cárcel".

Sostuvo que se trata de una venganza política, lo cual calificó de grave, pues desde su perspectiva, está unido al enredo que existe dentro del mismo gobierno de Morena, donde están todos contra todos.

"Ahora Gertz, filtra los videos de la Marina por el caso Ayotzinapa, pues no se sabe hasta dónde pueden llegar. Lo que dije en la cámara es que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, y hay un pleito brutal”.

Ana Teresa Aranda Orozco señaló que la justicia penal vive en México horas negras, además, acusó a que de manera cotidiana, desde la Presidencia de la República se ordena la fabricación de delitos y culpables

"Se persigue a quien piensa distinto y se violentan de manera sistemática el debido proceso y la presunción de inocencia".

Precisó que casos como el de Ricardo Anaya, Francisco Cabeza de Vaca y decenas más son muestra de que ante la incapacidad de debatir con ideas, el gobierno federal ha optado por la fórmula dictatorial de aplicar la justicia penal de manera selectiva.

“Bajo esa consigna, hemos visto conferencias matutinas convertidas en patíbulos en el que se acusa y se sentencia sin más elemento que el miedo político del presidente a sus opositores y el odio a todo lo que implique pluralidad y debate".

"Fiel al manual del autócrata, la expresión presidencial cotidiana ha sido la de dividir y sembrar discordia entre los mexicanos. En ese afán, se utiliza la justicia y los instrumentos legales que deberían ser puestos al servicio de la sociedad y no de los intereses del grupo en el poder.”

Señaló que la propuesta de la iniciativa contra la fabricación de delitos, la persecución penal selectiva y la violación sistemática del debido proceso y la presunción de inocencia, busca frenar esas acciones.

Insistió en que han sido tales el desaseo y la manipulación de la justicia penal, que ahora revientan distintos escándalos en el seno mismo de la presidencia, con acusaciones cruzadas entre altísimos servidores públicos y ministros que pertenecen a la cofradía de AMLO.

Precisó que siendo la presunción de inocencia uno de los principios fundamentales del sistema democrático de nuestro país, nos parece una omisión grave el hecho de que no exista la posiblidad de fincar responsabilidad penal a quien abusando del poder, afecta con graves consecuencias este derecho fundamental de las personas.

“La iniciativa propone el adicionar el artículo 220 Bis con el tipo penal de desvío de poder, que describe una conducta anómala que se verifica en el contexto del servicio público".

"Consiste en la utililización discrecional por parte de servidores públicos de alguna de sus atribuciones o facultades legales afectando ilícitamente de manera directa o indirecta los derechos de una persona o para conseguir un fin distinto a aquel para el que le fueron conferidas dichas atribuciones o facultades.

Asimismo se impulsa la adición de dos fracciones el artículo 225 del Código Penal Federal, dentro de los delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia.

El primero de estos tipos, describe la conducta de ordenar o disponer la apertura de una carpeta de investigación sin que preceda denuncia, acusación, querella o requisito equivalente o causando daño o menoscabo indebido a los derechos de otra persona o para obtener alguna ventaja o beneficio en ilícitos de orden económico, político o electoral.

La segunda conducta, identificada como susceptible de penalizarse consiste en señalas, exhibir o expresarse de manera que vulnere la presunción de inocencia de una persona sin que esta hubiese sido condenada por virtud de sentencia firme.

"La utilización de las altas investiduras del servicio público, especialmente la del presidente, para atacar ilicitamente a los ciudadanos, debe ser combatida de manera rotunda. Necesitamos restaurar urgentemente el estado de derecho en México".