El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac, informó que hasta el momento, a pesar de haber vencido la fecha para entregar las leyes de ingresos de los municipios 2023 (15 de noviembre), se han recibido 180 que se turnarán al pleno para su análisis.
Durante la sesión de la comisión indicó que se hará un análisis y se separarán en dos paquetes, los documentos que incluyen el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), sin que hasta el momento se tenga el número exacto de cuántos lo incluyeron.
El legislador informó que sólo se tiene certeza de que el municipio de Puebla es el que incluye el cobro del DAP, por lo que afirmó, habrá que revisar en los próximos días los otros documentos para hacer el análisis de los que lo incluyan, y determinar si se cumple con la fórmula aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio la razón al Congreso.
Señaló que se espera que no existan problemas en los documentos para su aprobación y cumplan con los principios de legalidad.
Los faltantes
Respecto a los 37 municipios que no han entregado la ley, se establece que para 2023, se aplicará la misma que este año, es decir sin que haya el ajuste inflacionario, y tendrán que seguir cobrando lo mismo.
Además algunos pudieron haber solicitado una ampliación del término, por lo que la entrega pudo ser posterior a la fecha y que se incluyan en el paquete de análisis del Poder Legislativo.
El Congreso del Estado tiene de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para aprobar las leyes y enviarlas para su publicación al Periódico Oficial del Estado.
Legal el DAP
El pasado 25 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el cobro del Derecho de Alumbrado Público en Puebla, al considerar que no representa un impuesto adicional por lo que los ayuntamientos de Puebla podrán ingresarlo a sus leyes de ingresos de 2023.
A pesar de que en Oaxaca se declaró inconstitucional el cobro, los ministros resolvieron la controversia interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del cobro, sin embargo avalaron la fórmula que realizaron los diputados locales por Puebla.
Los legisladores corrigieron los vacíos legales que existían en el cobro de esta contribución y se estableció claramente la facultad que tiene el Congreso para permitir a los ayuntamientos integrarla en sus Leyes de Ingresos y que se transparente la aplicación de lo recaudado.
