Tras sostener que tres mil vehículos no pueden desaparecer de un día para otro, la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla presentó un documento donde se exhorta al ayuntamiento de Puebla a esclarecer el faltante de unidades y se investigue quiénes son los responsables.
Señaló que Adán Domínguez, gerente Municipal, refirió la existencia de investigaciones por presunto robo de vehículos del corralón municipal, e informó que más de 3 mil unidades no son encontradas y esto no fue detectado gracias al trabajo del personal del ayuntamiento, sino que apenas en agosto de 2022 gracias a una empresa contratada para realizar trabajos, es que se detectó esta situación, lo que evidencía que gravemente la autoridad municipal desconoce si esos vehículos se encontraban en el momento del procedimiento de entrega recepción o si fue realizado en la presente administración, por lo que preocupa que esto suceda.
Merino Escamilla insistió en que de acuerdo a la información del propio ayuntamiento de 5 mil 602 autos que se reportaron, no encuentran 3 mil aproximadamente, lo que representa que más del 53 por ciento de esos vehículos no aparecen lo que resulta penoso por parte de la autoridad municipal, ya que consideró que en caso de no contar con ese porcentaje.
Precisó que independientemente que para haber realizado el procedimiento de licitación o de adjudicación y que determinará la contratación de una empresa externa, el ayuntamiento tenía la obligación de levantar un inventario desde el inicio de su administración, para así licitar o adjudicar en un procedimiento de contratación de prestación de servicios de acuerdo al inventario vigente y no con un inventario inexistente, ya que en caso contrario, podría existir un posible fraude u otros delitos correspondientes.
Explicó que el exhorto para que el Ayuntamiento de Puebla, de acuerdo a sus atribuciones, se llegue al fondo del asunto y se logre determinar la culpabilidad de la salida de vehículos del corralón municipal, la culpabilidad de quién recibió y no verificó lo entregado, así como quién permitió la comisión de delitos durante su administración, ya que lo que demandan las y los poblanos es conocer la verdad y hacer justicia contra quienes lo hayan permitido y realizado.
Además se pide se exhorte a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que, lleve a cabo auditorías, evaluaciones y revisiones para determinar lo procedente, así como detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables irregularidades o conductas ilícitas.
