A un mes de que en el pleno del Congreso del Estado se aprobó la Reforma Constitucional local que incluye la llamada “Ley 3 de 3”, misma entrará en vigor antes del proceso electoral y ningún violentador o deudor alimentario podrá acceder a un cargo público, o ser candidato, el documento logró el respaldo de más de 170 cabildos por lo que será declarada constitucional.
Se señala que esta es una homologación con el marco normativo en el que se establece restricciones para quienes enfrenten una sanción firme por violencia política de género.
Subrayó que también incluye la negativa para obtener una candidatura a quienes incumplen pon el pago de la pensión alimenticia de los hijos, luego de haberse divorciado de su pareja sentimental.
De acuerdo con la ley, en una reforma constitucional para que tenga validez, se requiere el voto a favor de 28 diputados, así como de al menos 144 de los 217 cabildos, es decir las dos terceras partes.
El Congreso del Estado recibió los documentos aprobatorios de los 170 cabildos, por los que en la sesión extraordinaria del jueves 27 de julio será ratificada la reforma.
La iniciativa “3 de 3” es una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y establece que para ser Diputado o Diputada propietaria o suplente se requiere: Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violencia política de género, ser deudor alimentario o violencia familiar.
Asimismo, se dará validez a otra reforma aprobada el 29 de junio en el pleno que es la modificación a la Constitución Política del Estado de Puebla, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.
Con la reforma se podrá acceder a un cargo público a partir de los 25 años, y no a los 30 como se establece actualmente la ley, y de igual manera se contó con el respaldo de 170 cabildos.
Además, se aclaró que la armonización con la legislación federal no contempló lo referente a los requisitos para ser legislador, ya que en Puebla es a partir de los 18 años.
En la sesión será votada la Consulta Indígena que permitirá realizar reformas a la Ley de Educación permitirá salvar las lenguas originarias que están el peligro de desaparecer reformar la Ley de Derechos y Cultura indígena, estableciendo el derecho al territorio y medio ambiente que empata con los objetivos sustentables de la agenda 2030.
