La protección a los migrantes poblanos podría elevarse al rango constitucional local, y correspondería al Ejecutivo tener la obligación de velar por ellos, e implementar campañas que los ayuden para que se protejan sus derechos humanos.

Con el propósito de garantizar protección a las y los migrantes poblanos, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, presentó una iniciativa de reforma al acápite y la fracción XXXIII Bis del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Puebla.

La iniciativa es  para establecer como una obligación de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, instrumentar acciones, programas y campañas en materia de protección a migrantes poblanos, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Como parte de los considerandos, la iniciativa indica que las y los migrantes, en situación irregular, tienden a ser, desproporcionadamente, vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación, tienen miedo de quejarse y se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales, de ahí la importancia de legislar sobre el tema.

Insistió en que las y los migrantes, en situación irregular, tienden a ser, desproporcionadamente, vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación, a menudo viven y trabajan en la sombra, tienen miedo de quejarse y se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Del mismo modo, las violaciones de los derechos humanos de los migrantes pueden incluir la denegación de derechos civiles y políticos, como la detención arbitraria, la tortura o la falta de garantías procesales, así como derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, la vivienda o la educación.

Dijo que un ejemplo claro de violación a derechos humanos de las personas migrantes, ocurrió el pasado 28 de marzo, donde a través de videos difundidos por redes sociales, se dio a conocer sobre un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, el cual dejó al menos 39 personas muertas y decenas más heridas.

Jiménez López expresó que la iniciativa, también, tiene como otro objetivo primordial, llevar a cabo una armonización legislativa, toda vez que el 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde puntualiza que la reinserción social de las personas privadas de su libertad se sujeta al respeto a los derechos humanos, aspecto que es de cumplimiento obligatorio, por parte de las autoridades penitenciarias.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Migración y Asuntos Internacionales para su estudio y resolución procedente.