El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara, entregó al Congreso del Estado una iniciativa para sancionar, mediante el inicio de un procedimiento de determinación de responsabilidades, a quien incumpla con las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
El panista explicó que se trata de una propuesta de modificación a la Ley de Derechos Humanos de Puebla denominada "Reparación Integral de Víctimas ante Negativa a Recomendación de Derechos Humanos".
Explicó que el documento añade el ARTÍCULO 48 Bis, mismo que señala “Si la autoridad o servidor público no acepta la recomendación, se hará saber tal circunstancia a la opinión pública y deberá notificarlo por escrito a la Comisión. Independientemente de la no aceptación de la recomendación, la Comisión exigirá a la autoridad responsable la reparación integral del daño a las víctimas”.
“Si la autoridad o servidor público responsable de la reparación integral del daño a las víctimas fueran omisas de realizar dicha reparación, serán sujetos de un procedimiento de determinación de responsabilidades en términos de la ley de la materia”
Alcántara Montiel indicó que esta iniciativa, está enfocada en asegurar la reparación integral a las víctimas en casos de negativa por parte de la autoridad o servidor público a aceptar recomendaciones, y subraya el compromiso inquebrantable con el respeto a los derechos fundamentales de cada individuo.
"Esta propuesta busca reforzar la protección de los derechos humanos en nuestra sociedad, estableciendo un marco legal que garantice la reparación integral a las víctimas, independientemente de las decisiones de las autoridades. El respeto a los derechos humanos debe ser un pilar indiscutible de nuestra legislación y de las acciones de las instituciones".
La modificación clave de esta propuesta radica en la transparencia y la rendición de cuentas. Si la autoridad o servidor público se niega a aceptar una recomendación en materia de derechos humanos, se establece la obligación de hacer pública esta decisión, notificándola por escrito a la autoridad correspondiente, enfatizando la transparencia en las acciones gubernamentales.
"El enfoque principal de esta iniciativa es la responsabilidad pública y el respeto a los derechos humanos. No se trata solo de aceptar o rechazar recomendaciones, sino de asegurar la reparación integral del daño a las víctimas, basándonos en el respeto hacia cada individuo y sus derechos vulnerados", añadió Alcántara.
Aclaró que no solo busca fortalecer la protección de los derechos humanos, sino también promover la rendición de cuentas y la justicia en la sociedad poblana, impulsando un entorno más justo y equitativo para todos.
"La defensa y protección de los derechos humanos son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. La iniciativa representa un paso significativo hacia esa dirección, mostrando un compromiso firme con la dignidad humana y la justicia para todas las víctimas", concluyó el legislador.
