La diputada Mónica Silva Ruiz, sostuvo que la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Puebla, fue producto de una consulta a colectivos, familiares de los desaparecidos que carecían de una certeza jurídica para poder realizar hasta el más sencillo trámite como el inscribir a un menor a la escuela.
Luego de que el pasado viernes se aprobara por unanimidad el documento que entregó la Junta de Gobierno, pero que se basa en la iniciativa presentada por ella en el mes de octubre de 2023 por ella, indicó que sólo se trata de un paso para apoyar a las familias que sufren la desaparición forzada de un ser querido.
“Esto es una deuda que tenemos con todas esas personas familiares que salieron a marchar en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que sufren en su día a día la ausencia de un ser querido, de una madre que no encuentran, de una hija o un hijo que extrañan, un ser querido que aman y que su ausencia no es más que una tortura que no para y no parará hasta tener una respuesta de dónde se encuentran”.
La legisladora reiteró que el documento que presentó al pleno es producto de esfuerzos conjuntos donde participaron colectivos y especialistas, e invitó a recordar cómo se despide la gente por la mañana, esperando el retorno, y algunos no volvieron, y comienza la agonía de incertidumbre en las familias.
Señaló que es un tema que se ha abordado por años, y hasta ahora se contará con una ley luego de que la desaparición de personas afecta una infinidad de derechos y pone en riesgo la integridad de la víctima, e incluso pone en riesgo su propia vida además de provocar incertidumbre jurídica, deterioro económico, y daños a la salud física y mental en las familias.
“Puebla es uno de los estados con mayor número de reportes de desaparición de mujeres, pero también niñas, niños y adolescentes”.
“La desaparición de las personas implica daños legales y económicos a las familias, además de padecer violencia y persecución", e indicó que hay otro tipo de daños como la incertidumbre, entre ellas quién queda con la patria potestad de los menores, qué pasa con las personas con discapacidad, adultos mayores que dependen de la persona desaparecida.
“Ellos ven violentados sus derechos porque si se trata de una niña, niño o adolescente no puede ser inscrito en la escuela, a cualquier dependiente le quitan los derechos a la seguridad social, tampoco hacer uso del patrimonio de quien ha desaparecido para poder subsistir”.
Sostuvo que ahora habrá una protección a otras víctimas directas como lo son los hijos, personas con discapacidad y adultos mayores que dependían de él, además de que se podrá hacer uso de algunos bienes para poder subsistir, entre ellos ahorros en instituciones financieras.
