El próximo miércoles 25 de septiembre se resolverá su juicio de amparo para conocer si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae la Ley de Participación Ciudadana que incluye la revocación de mandato.
Así lo informaron integrantes de la organización Opción Ciudadana Puebla, quienes detallaron que en Puebla no se ha realizado dicha legislación y cuyo plazo concluyó en junio de 2021.
Ernesto García Hernández, detalló que solo 3 de los 32 estados de la república no han homologado la ley de participación ciudadana, entre ellos Puebla.
Recordó que Opción Ciudadana, por medio de los abogados Omar Jiménez y Julia Salas, quienes ya fallecieron en un accidente, iniciaron en 2022 un litigio para que la SCJN compruebe la omisión legislativa del Congreso poblano y tome acciones que garanticen su conclusión.
Explicó que se da seguimiento ala competencia de la omisión legislativa, para ejercer a plenitud el mandato.
Informó que el pasado 20 de septiembre, sostuvieron una entrevista con el magistrado de circuito, Juan Jaime González Badas, donde manifestaron la exposición de motivos para que la SCJN atraiga el asunto.
Dijo que generaron asombro en el magistrado, sobre el sobreseimiento del juicio de amparo 0216/2024 por parte del juez segundo de distrito de amparo, José Luis Evaristo Villegas.
Llamó la atención juez referido, emitió anteriormente una sentencia que ordenó a los diputados locales de Oaxaca, una sentencia para construir la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Expuso que en Oaxaca obligó el mismo juez a la legislatura hacer su trabajo y en Puebla hace un sobreseimiento.
Señaló que el colectivo confía en el buen entendimiento para el pleno del ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien tratará el asunto en la SCJN.
Informó que la pasada LXI Legislatura del Congreso de Puebla concluyó sin que los diputados aprobarán la Ley de Participación Ciudadana.
Por lo tanto, Ernesto García, solicitó nuevamente a que se legisle en la materia, al recordar que tenía de plazo hasta junio de 2021 para aprobar la normatividad pendiente, por lo que se encuentra en un desacato “escandaloso de tres años”.
Explicó que la omisión de los diputados impide a los habitantes de la entidad federativa hacer uso de los instrumentos de la democracia directa a nivel local, como la revocación de mandato, el referéndum y plebiscito.
De esta manera urgió la respuesta del máxima tribunal de justicia del país, para que Puebla no quede en un estado de indefensión.
Finalmente celebraron la designación a la diputada local Katia Sánchez Rodríguez, al ser designada presidenta de la comisión de participación ciudadana y combate a la corrupción, para que de celeridad al anteproyecto de ley de participación ciudadana.
“¿Qué pasaría si hoy ocurre un acto criminal que atente, vulnere la distinción de los poblanos?, ¿qué instrumento tendríamos para ejercer la revocación de mandato”, concluyó cuestionando.