El diputado por Morena, José Luis García Parra, anunció que la propuesta para reformar el Código Penal para aplicar la castración química a violadores y pederastas, será presentada al Congreso de Puebla, pero después de ello se hará una serie de análisis entre la sociedad, especialistas para tomar la mejor decisión.
En entrevista, al asistir a la inauguración de la nueva sede del Poder Legislativo, indicó que el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, ha sido muy claro al señalar que se está trabajando el proyecto de iniciativa que se presentará en breve, y a partir de que entre al Congreso deberá darse el análisis.
Señaló que la intención es que se realicen foros, diálogos ciudadanos y que haya un auténtico debate, donde participen todos los sectores, reconociendo que se trata de un tema que puede generar mucho ruido, pero lo importante es poder blindar a las mujeres y a los niños.
Precisó que a raíz de ese gran diálogo que se dará, serán los ciudadanos quienes lleguen a las conclusiones para que la iniciativa pueda implementarse a partir del próximo año.
García Parra reiteró que habrá consulta ciudadana e indicó que hay casos a nivel mundial donde está la pena de muerte por delitos muy graves, y ahí entra el debate por los derechos humanos a nivel internacional.
Dijo que van a participar cámaras, organizaciones de la sociedad civil, y la iniciativa estaría ingresando antes del 14 de diciembre.
La propuesta
La semana pasada, Alejandro Armenta, al ser cuestionado sobre el abuso a menores recordó que presentó como senador la iniciativa de modificar el Código Penal Federal en el artículo 209, a fin de aplicar la castración química en contra de violadores de menores, además de incrementar los años de cárcel que deben pasar los abusadores, y aunque a nivel nacional lo criticaron, en Puebla podría aplicarse.
Armenta Mier señaló que las niñas y niños son lo más preciado y se deben generar las condiciones necesarias para un buen desarrollo físico y emocional, lejos de la violencia y el abuso sexual.
Dijo que el llamado de los familiares de niñas y niños abusados que exigen justicia, no impunidad y, para ello es necesario generar las condiciones para su protección.
